La mitad de los medicamentos que el sistema público andaluz dejó de financiar en 2012 han encarecido su precio en estos cinco años, llegando incluso a triplicarlo en algunos casos. FACUA-Consumidores en Acción alertó en 2012 de que ésta sería la consecuencia del medicamentazo del Gobierno de Rajoy, lo que provocó que el Ministerio de Sanidad amenazara con ilegalizarla con el absurdo argumento de que no tenía derecho a posicionarse sobre cuestiones de sanidad pública.
Cinco años después de que el Gobierno desfinanciara 320 fármacos y que pasara a ser el usuario el que corría con su coste completo, el diario Público informa de que el precio de 175 de ellos ha aumentado, incluso en 65 casos han llegado a duplicarse o triplicarse. Sólo un medicamento ha bajado su precio, 138 lo ha mantenido y 6 han desaparecido de la lista, dejando paso a la entrada de otros 5 medicamentos que antes no figuraban en la lista.
Fortasec, para tratar la diarrea, ha subido en estos cinco años un 216%, al pasar de 1,89 a 5,98 euros (impuestos incluidos) en su envase de 10 cápsulas; mientras que el Daflon, para las insuficiencias venosas ha aumentado un 131% en su caja de 30 comprimidos, al pasar de 4,40 a 10,18 euros, según el diario.
Uno de los casos más graves es el de el jarabe para la tos Mucosan para adultos, que ha elevado su precio un 335%, de los 2,06 a los 8,96 euros.
Además de la subida de precios, FACUA advirtió también de otros efectos negativos del medicamentazo, como que se recetaran a modo de sustitución fármacos que sí estuvieran financiados, indicados para dolencias más graves y generalmente más caros. Inlcuso, que los usuarios tiendan a la automedicación al dejar de acudir al médico.
Además, numerosos ciudadanos dejarán de ir a la consulta médica y puede que opten por medicarse ante síntomas menores, algo que no sólo los agrava, sino que puede provocar además que patologías más graves pasen desapercibidas.
Criterios no científicos
El criterio para dejar de financiar medicamentos que impuso el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, era «que el principio activo cuente con un perfil de seguridad y eficacia favorable y suficientemente documentado a través de años de experiencia y uso extenso», junto a que estén «indicados en el tratamiento de síntomas menores».
La asociación ya alertaba durante el periodo de trámite de audiencia de esta ley de que medidas similares llevadas a cabo por gobiernos anteriores, tanto en España como en otros países, no habían provocado el ahorro previsto.
De hecho, según Público, el gasto sanitario público se fue reduciendo de los 12.296 millones de euros en 2011 a los 10.391 de 2014, para subir de nuevo y alcanzar los 15.640 millones en 2017. Señala además que sólo el gasto derivado de recetas asumidas por la sanidad pública (sin la farmacia hospitalaria) aumentó en más de 500 millones entre 2014 (9.954) y 2016 (10.481) mientras el acumulado de 9.825 en noviembre apunta a que la cifra final rondará los 10.800, mil por encima de los 9.769 que la exministra Ana Mato admitió al cierre de 2012 tras un descenso del 12,2%.
FACUA señala que todas estas medidas no buscan un ahorro, sino que son un paso más del proceso de desmantelamiento de la sanidad pública. Una consecuencia más que se suma a la privatización de hospitales en varias comunidades autónomas, el copago, que incluye la eliminación de la gratuidad de los fármacos para los pensionistas, y la negativa a prestar asistencia a los inmigrantes que al no lograr un empleo no pueden conseguir permiso de residencia.
Fuente: Facua.org
