La Organización de Consumidores (OCU) ha anunciado una demanda contra Apple por la obsolescencia programada de la gama del iPhone 6. Se trata de una acción coordinada en toda Europa por el grupo Euroconsumers, que incluye a organizaciones de consumidores de Italia, Bélgica, Portugal y España.
Según la OCU, Apple actualizó el software en los diferentes modelos del iPhone 6 para enmascarar los problemas de rendimiento de sus baterías, sabiendo que esto causaría que los teléfonos se ralentizaran y perdieran rendimiento. Al hacer esto, los usuarios pensaron que el iPhone se les había quedado viejo, porque les iba “más lento”, lo que los empujó a cambiar de modelo.
Ocu y el resto de organizaciones de Ecoconsumers basan su demanda en varias sentencias y acuerdos extrajudiciales previos en varios países. El 29 de mayo, el Tribunal Administrativo del Lacio (Italia) confirmaba la multa de 10 millones de euros impuesta a la compañía por la Autoridad de la Competencia Italiana por sus prácticas injustas y agresivas.
Antes, una demanda colectiva en Estados Unidos acabó en una acuerdo extrajudicial por el que Apple se comprometía a pagar 500 millones de dólares a los afectados. En Francia, el gigante tecnológico ha aceptado pagar una multa de 25 millones de euros después de que los servicios antifraude franceses hayan concluido que hubo carencias en la información sobre las actualizaciones del sistema de explotación de sus iPhone, que en muchos casos ralentizaban el móvil. También hay demandas en marcha en Austria e Israel.
La OCU considera que tanto esta sentencia como los acuerdos extrajudiciales implican una conducta por parte de Apple que se puede tachar de “obsolescencia programada”, con el objetivo de incrementar el reemplazo de los viejos modelos de iPhone 6. Esta conducta ha causado un daño similar para todos los consumidores, independientemente del país de procedencia de cada uno.
Por tanto, la OCU exige los usuarios españoles sean compensados de la misma manera que lo han sido los usuarios estadounidenses. La compesación que pide para cada usuario está entre 99 y 189 euros, en función de los suma del importe de la batería y un 10% del precio de compra del móvil.