Catalá propone invertir 120 millones para un Plan de Infraestructuras Críticas 2026‑2031 que garantice agua en emergencias
La alcaldesa de València, María José Catalá, ha planteado la posibilidad de poner en marcha un ambicioso Plan de Infraestructuras Críticas 2026‑2031, con una inversión estimada de 120 millones de euros, cuyo principal objetivo sería asegurar que València sea autosuficiente en agua potable ante situaciones de emergencia como inundaciones, cortes eléctricos o sequías extremas.
Objetivos y medidas principales
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Alcanzar la autosuficiencia de València en agua potable durante los primeros 48 horas tras una emergencia, garantizando suministro inmediato a toda la población.
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Aprovechar el agua del nivel freático, mediante nuevos pozos y plantas potabilizadoras municipales que permitan tratar esta agua cuando otras infraestructuras fallen.
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Construcción de cuatro nuevos pozos municipales y otras tantas plantas potabilizadoras dentro de la ciudad, destinadas a activarse en situaciones críticas.
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Instalación de macrogrupos electrógenos diseñados a medida que mantengan operativas las estaciones de potabilización en caso de apagones.
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Renovación de tuberías arteriales críticas: unas autopistas de agua potable cuya rotura podría generar cortes de suministro graves o afectar la presión en varios barrios.
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Ampliación de la red de baja presión para usos como riego o baldeo, reduciendo el consumo de agua potable y optimizando recursos.
Contexto que lo justificaría
València ha tenido recientemente episodios que han puesto en evidencia la vulnerabilidad de sus infraestructuras de suministro:
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Daños por inundaciones (como la DANA), cortes de suministro eléctrico, y dependencias críticas susceptibles a fallos en crisis climáticas.
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Necesidad de reforzar la resiliencia ante amenazas climáticas, sequías prolongadas o eventos extremos que pongan en riesgo el abastecimiento de agua potable.
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Interés creciente en políticas de sostenibilidad, gestión eficiente del agua y adaptación a los efectos del cambio climático.
Implicaciones políticas y sociales
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Una iniciativa así requeriría coordinación entre el Ayuntamiento, la Generalitat y organismos del agua, además de licitaciones, estudios técnicos, permisos ambientales, etc.
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Sería una apuesta visible de gobierno orientada a la seguridad ciudadana, la resiliencia urbana y la calidad de vida.
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Podría generar debates sobre prioridades, costes de mantenimiento, impacto económico y plazos de ejecución.
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