El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros un Real Decreto clave en materia de inmigración y protección de la infancia, que definirá la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes no acompañados en cada comunidad autónoma. Esta normativa no fijará traslados concretos, pero será determinante para activar la llamada contingencia migratoria extraordinaria, cuando un territorio supere al menos tres veces su capacidad ordinaria.
Con esta medida, se espera aliviar la presión migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla, regiones que concentran actualmente la mayor sobreocupación de centros de acogida.
Inicio de traslados a la Península
Tras la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno prevé que a partir del 28 de agosto de 2025 comiencen los traslados de menores migrantes desde estos territorios hacia la Península. En total, el Ministerio de Juventud e Infancia calcula que será necesario reubicar hasta 3.975 menores migrantes no acompañados, aunque la cifra final se reducirá al descontar a los solicitantes de asilo, que rondan los 1.200.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido que no se trata de un traslado masivo en un solo día, sino del inicio de una “dinámica de acogida equilibrada” que se desarrollará a lo largo de un año y con la máxima coordinación entre administraciones.
Reparto por comunidades autónomas
Según los cálculos del Ministerio, las comunidades que deberán acoger más menores son:
Les siguen Castilla-La Mancha (320), Galicia (317), Aragón (251), La Rioja (205) y otras regiones con cifras menores. La comunidad que menos recibirá será Baleares, con 49 menores.
En el caso de Cataluña y Euskadi, quedan fuera del reparto por el esfuerzo previo de acogida en los últimos años. Aun así, Cataluña ha anunciado que de forma voluntaria recibirá al menos 31 menores.
Financiación: 100 millones de euros
El plan cuenta con una dotación de 100 millones de euros, que se distribuirán entre las comunidades en función de la acogida. Los gastos de traslado y los tres primeros meses de atención correrán a cargo del Estado.
Las comunidades más beneficiadas en financiación serán Canarias (24,3 millones de euros), Madrid (15,8 millones) y Andalucía (8,8 millones). En el extremo opuesto, Melilla recibirá menos de un millón y Cataluña algo más de 400.000 euros.
Un paso frente al bloqueo político
Este Real Decreto llega tras la fallida conferencia sectorial de Infancia del pasado 17 de julio, que fue suspendida por la ausencia de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. La ministra Rego criticó entonces el “bloqueo” del PP y subrayó la urgencia de avanzar en un marco común de acogida en un contexto de crisis humanitaria.
