Las entidades sociales que forman parte de la Comisión Permanente del Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad (CLII) de València han criticado duramente la gestión municipal del proceso extraordinario de regularización de personas inmigrantes. Según denuncian, el Ayuntamiento de València ha actuado de forma «insuficiente, tardía y sin planificación», comprometiendo el acceso de miles de personas a un procedimiento clave para regularizar su situación administrativa.
Más de una treintena de organizaciones y colectivos han suscrito un comunicado en el que acusan al consistorio de falta de voluntad política y de no haber puesto en marcha los recursos necesarios para afrontar un proceso que ya se conocía con meses de antelación.
Solo el 10% de los certificados solicitados han sido emitidos
Uno de los datos que más preocupa a las entidades sociales es el relacionado con los certificados de vulnerabilidad, un documento fundamental para muchas personas que desean acogerse al proceso extraordinario de regularización.
Según los datos trasladados por el propio Ayuntamiento durante la última reunión del CLII, se habían registrado 7.637 solicitudes, pero únicamente se habían expedido 783 certificados, lo que representa apenas un 10,2% del total.
Las organizaciones consideran que estas cifras reflejan un importante colapso administrativo y aseguran que, ante la falta de respuesta municipal, han sido ellas quienes han asumido gran parte del trabajo.
De hecho, calculan que han emitido cerca de 20.000 certificados e informes para intentar atender la demanda existente.
Las ONG denuncian falta de coordinación del Ayuntamiento
Las entidades sostienen que advirtieron con antelación de las necesidades que generaría el proceso de regularización y solicitaron reuniones de coordinación con los responsables municipales.
Según explican, durante una reunión celebrada el pasado 10 de marzo, la Concejalía de Bienestar Social e Inmigración se comprometió a convocar a las organizaciones una vez se publicara el reglamento que regula el procedimiento.
Sin embargo, denuncian que dicho encuentro no se produjo hasta el 8 de junio, cuando el proceso se encontraba ya en su fase final y apenas existía margen para adoptar medidas eficaces.
Las organizaciones aseguran que durante estos meses han tenido que ampliar horarios, movilizar voluntariado y asumir tareas de orientación y acompañamiento que, a su juicio, correspondían a la administración pública.
Críticas por los 2,6 millones destinados al refuerzo de servicios
Otro de los puntos cuestionados por las entidades es la modificación presupuestaria de 2,6 millones de euros aprobada por el Ayuntamiento para reforzar los Servicios Sociales.
Las organizaciones consideran que esos recursos llegarán demasiado tarde, ya que los procedimientos administrativos para contratar nuevo personal impedirán que el refuerzo tenga efectos reales antes de que finalice el proceso extraordinario de regularización.
Asimismo, sostienen que las contrataciones realizadas hasta el momento han servido principalmente para cubrir déficits estructurales ya existentes en los centros municipales y no para atender específicamente las necesidades derivadas de este procedimiento.
El problema del empadronamiento sigue afectando a miles de personas
Las entidades también han puesto el foco sobre una cuestión que consideran especialmente grave: las dificultades para acceder al empadronamiento en situaciones especiales.
Según denuncian, durante más de un año numerosas solicitudes han permanecido sin respuesta, dificultando que muchas personas puedan acreditar el tiempo de residencia exigido para acceder a la regularización.
Este requisito resulta fundamental para completar el procedimiento y, según las organizaciones, ha dejado fuera a numerosos inmigrantes que cumplían otras condiciones pero no han podido demostrar oficialmente su permanencia en la ciudad.
Comparan la situación de València con Barcelona
Como ejemplo de una gestión diferente, las organizaciones han señalado los datos del Ayuntamiento de Barcelona.
Según recuerdan, la capital catalana había atendido ya a finales de mayo a unas 50.000 personas interesadas en el proceso extraordinario de regularización y había emitido alrededor de 30.000 informes de vulnerabilidad.
Estas cifras contrastan con las registradas en València y sirven a las entidades para ilustrar lo que consideran una insuficiente respuesta institucional.
Exigen responsabilidades y medidas urgentes
Las organizaciones firmantes consideran que la falta de planificación y coordinación municipal ha puesto en riesgo el acceso de miles de personas a un procedimiento diseñado para garantizar derechos básicos.
Por ello, reclaman al Ayuntamiento de València que asuma responsabilidades, reconozca el trabajo desarrollado por el tejido asociativo y adopte medidas urgentes para evitar que personas vulnerables queden excluidas del proceso.
Además, insisten en la necesidad de agilizar tanto la emisión de certificados de vulnerabilidad como los procedimientos de empadronamiento especial, dos cuestiones que consideran esenciales para garantizar la igualdad de acceso a la regularización extraordinaria.
