VÍDEO| El Síndic de Greuges abrirá una queja de oficio si no mejora la espera en dependencia

València, 27 mar (EFE).- El Síndic de Greuges, Ángel Luna, abrirá una queja de oficio si los datos en la Comunitat Valenciana de la lista de espera de la dependencia correspondientes al mes de marzo, y que se conocerán a principios de abril, no revierten el incremento que ha experimentado en el último semestre de 2023.

En la rueda de prensa ofrecida tras entregar en Les Corts la memoria de la Sindicatura correspondiente a 2023, Luna ha advertido del incremento «incomprensible» e «inusual» de la lista de espera de solicitudes de declaración de dependencia, que de julio a diciembre de 2023 pasó de 13.342 a 18.580 personas.

Ha manifestado que este incremento obliga a la Conselleria, aún más si cabe, a analizar en profundidad las causas de la ineficacia del procedimiento de declaración de dependencia y de aprobación del Programa Individual de Atención correspondiente (PIA), y a adoptar medidas urgentes para su solución.

Luna ha destacado que esta cifra creció hasta las 19.000 personas en enero de 2024 pero se redujo a 17.000 en febrero, por lo que la institución esperará a ver si la tendencia a la baja se mantiene en el mes de marzo.

De lo contrario, ha avanzado que abrirá una queja de oficio para conocer la razones de ese aumento en la lista de espera.

Ángel Luna ha explicado que durante 2023 no se han querido abrir muchas quejas de oficio porque querían ser respetuosos con la entrada de nuevos equipos gestores y darles un tiempo para que pudieran adaptarse y aterrizar en sus nuevas responsabilidades.

En todo caso, ha destacado que durante el año pasado hubo un incremento importante de las quejas relacionadas con los servicios sociales, al pasar de 1.032 de 2022 a 1.264 en 2023, lo que significa que este tipo de quejas representaron el 41,66 % de las totales recibidas por la Sindicatura durante el pasado ejercicio.

Reconocimiento de la discapacidad

El Síndic ha destacado, en concreto, el elevado número de quejas por deficiencias en el procedimiento de valoración de la discapacidad, y en las demoras en emitir las correspondientes resoluciones de reconocimiento de grado.

En el informe, lamenta que los recordatorios legales que hace para que las solicitudes de reconocimiento de grado de discapacidad se resuelvan en el plazo de tres meses, al que está obligada la Administración por tratarse de un procedimiento declarado de emergencia ciudadana, caigan en reiteradamente en saco roto.

Además, añade que continúan sin dotarse de los recursos materiales, económicos y personales a los Centros de Valoración y Orientación de la Discapacidad, y destaca especialmente la situación extraordinaria que sufre el Centro de Valoración de Alicante, con una demora media superior al año.

Por otra parte, califica de «inaudito» que permanezcan las dificultades de los aplicativos informáticos que la Conselleria de Servicios Sociales argumenta como excusa, transcurridos seis años desde la entrada en vigor de la ley de Renta Valenciana de Inclusión.

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