València, 23 feb (EFE).- El juez del Caso Alquería ha abierto juicio oral contra el expresidente de la Diputación Provincial Jorge Rodríguez y otros 14 altos cargos acusados de malversación y prevaricación por una presunta simulación de contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra para beneficiar a miembros y simpatizantes de los partidos PSPV-PSOE y Compromís.
La resolución, que da diez días a las defensas para que formulen sus escritos, pide a ocho de los acusados fianzas por importes que van desde los 8.227 a los algo más de 194.000 euros, a fin de asegurar el pago de posibles responsabilidades civiles, y determina la responsabilidad solidaria de los otros siete respecto a parte de esas sumas.
El juez dictó auto de incoación de procedimiento abreviado, que en la práctica equivale al procesamiento de los encausados, el pasado 3 de febrero, en un escrito en el cual considera que en la empresa pública Divalterra, perteneciente a la Diputación de Valencia, se nombró arbitrariamente para ocupar altos cargos a personas afines al PSOE y a Compromís incumpliendo la normativa.
El magistrado considera que se produjo una contratación «simulada y sin observar los requisitos legales ni estatutarios de la empresa de siete altos directivos, más otros dos, entre noviembre de 2015 y febrero de 2018», lo que podría constituir delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en su vertiente de administración desleal.
Se trataba, además, de personas que nunca habían ejercido como altos directivos, por lo que resulta evidente que las finalidades perseguidas no eran las de beneficiar a la empresa pública, sino a «unos particulares, y más aún, y presuntamente, a puros intereses de índole partidista».
Se produjo así una «presunta malversación, que ha sido cuantificada en la cantidad de 1.122.095,80 euros», señala el auto.
Todo ello se hizo «con la intervención de los gerentes de la empresa, José Ramón Tiller y Agustina Brines, y con conocimiento de este plan preconcebido por el propio presidente de la Diputación Provincial de Valencia y presidente del Consejo de Administración de IMELSA, luego DIVALTERRA, Jorge Rodríguez, y por su equipo mas cercano, entre ellos Jorge Cuerda, presunto director de facto de la empresa, Manuel Reguart y Ricard Gallego», añade el magistrado.
Junto a Rodríguez, figuran como procesados Ricard Gallego, Jorge Cuerda, Manuel Reguart, Xavier Simó, Agustina Brines, Pau Pérez, José Luis Melero, Soledad Torija, Raúl Ibáñez, Manuel Carot, Miguel Ángel Ferri, Salvador Femenía, Víctor Jiménez y José Ramón Tíller.
Cs pide la dimisión de Rodríguez como alcalde de Ontinyent una vez procesado
La portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Valencia, Rocío Gil, ha pedido la dimisión de Jorge Rodríguez como alcalde de Ontinyent, después de que del juez del Caso Alquería haya abierto juicio oral contra él y otros 14 altos cargos de la corporación acusados de malversación y prevaricación.
«Aunque respetamos la presunción de inocencia, no podemos obviar que las penas que pide Anticorrupción son altas y denotan la gravedad de los hechos», ha señalado Gil en un comunicado.
Según la diputada de Cs, «no puede seguir como primera autoridad municipal una persona para la que se piden ocho años de cárcel por haber cometido presuntamente delitos muy graves como malversación, falsedad y prevaricación cuando era presidente de la Diputación de Valencia».
«La apertura de juicio oral y la contundencia de las penas que pide la Fiscalía demuestran que Cs tenía razón cuando denunció las presuntas irregularidades en los contratos a altos directivos de Divalterra», añade Gil.
Recuerda asimismo que su formación tuvo que ir «hasta con un notario porque se nos negaba la información», al tiempo que ha advertido de que «cuando se esconden los informes es por algo» ya que «quien nada tiene que ocultar, es transparente».
Por su parte, el secretario de Acción Institucional de Cs en la Comunitat Valenciana y también diputado provincial, Jesús Gimeno, ha esgrimido que «Cs pide a los demás lo que se exige a sí mismo» y ha señalado que «cuando se abre juicio oral, el político ha de dejar el cargo y centrarse en su defensa».
«No vamos a dejar pasar una, ni a los que se vacunan cuando no les toca ni a los que quieren enchufar a sus amigos», ha añadido Gimeno.
