Las 37 Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delito (OAVD) de la Comunitat Valenciana incluirán en su registro nuevos delitos para garantizar la asistencia a todas las víctimas, según ha asegurado la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez.
Esta medida permitirá «poner de verdad en el centro del sistema a la víctima de cualquier delito, sea hombre, mujer, joven o mayor», ha subrayado Núñez.
Así, se ampliará la atención a delitos como amenazas y acoso en el ámbito laboral, delitos informáticos como la ciberestafa o el ciberacoso, delitos contra discapacitados o por motivos religiosos, delitos de trata y explotación sexual, acoso y ciberacoso escolar, delitos contra la integridad física, delitos contra el patrimonio o la ocupación ilegal de viviendas.
Según Núñez, se incluyen delitos que hasta ahora no se estaban registrando, «porque nuestra prioridad es garantizar la asistencia y protección a todas y cada una de las víctimas”, informa la Generalitat en un comunicado.
La consellera ha visitado la Oficina de Atención a las Víctimas de Delito en Llíria, “para visibilizar y dar a conocer que la Generalitat pone a disposición de todos los ciudadanos una red de oficinas en el caso de que sean víctimas por cualquier tipo de delito».
«No sólo asistencia letrada, sino también psicológica y social. Consideramos importante colocar a la víctima de la violencia en el centro del sistema, aplicar el Estatuto de la Víctima, sea quien sea la víctima: mujer, hombre, joven o mayor”.
Ha recordado que en las últimas semanas han ocurrido en ese partido judicial dos delitos «absolutamente execrables», como el del hombre que presuntamente cometió agresiones sexuales en personas de su entorno familiar durante décadas o del presunto intento de secuestro por parte de un inmigrante ilegal que tenía una orden de expulsión que no había sido ejecutada.
Preguntada por cuándo se pondrá en marcha el registro de los diferentes delitos, ha señalado: «Estamos trabajando en él, uno de los temas que se ha visto es cómo empezar a tomar los datos a través de un programa informático para poder determinar el número de delitos que tienen más incidencias en determinadas comarcas y mancomunidades y poder desarrollar los diferentes protocolos para actuar de manera directa en la protección total y absoluta de la victima y de sus familias en muchos casos».
En el caso de las oficinas de denuncia, de las que en la actualidad hay una en cada provincia, «se trabaja para que esas denuncias no solo tengan que ponerlas mujeres víctimas de su pareja o expareja, hombres, sino que también se pueda estirar incluso a las menores de edad que, en muchos casos, están siendo victimas de delitos como una agresión sexual».
«Consideramos que la víctima es víctima, con independencia de quien sea su agresor y del delito que se cometa sobre él», ha dicho Núñez, quien ha recordado que cuando llegaron al Consell las tres oficinas de denuncias estaban «perfectamente dotadas» y las 37 OAVD estaban «infradotadas» y «queremos que estén en igualdad de condiciones».
Reunión con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
La titular de Justicia e Interior también se ha reunido con representantes de la Guardia Civil para intensificar la colaboración porque, ha dicho, para “proteger a todas las víctimas necesitamos coordinarnos con la Guardia Civil y con la Policía Nacional».
«Por eso, les hemos solicitado que nos remitan todos los casos de delitos en los distintos partidos judiciales, para poder ayudar a todas las víctimas, y no sólo los casos de violencia sobre la mujer, como se venía haciendo hasta ahora”, ha destacado Núñez.
La Conselleria, ha dicho, está impulsando nuevos protocolos de actuación y realizando mejoras en las aplicaciones para adaptar algunos delitos a las nuevas tipificaciones del Código Penal, añadir otros delitos nuevos o que en los últimos tiempos están cobrando mayor relevancia, y para poder ofrecer datos de la evolución de la atención desde la Red de OAVD.
Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito
La Generalitat cuenta con 37 Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito que tienen como objetivo general prestar una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas como consecuencia del delito y dar respuesta a las necesidades específicas en el ámbito jurídico, psicológico y social.
Estas oficinas atienden temas como el acoso escolar, el acoso laboral, la violencia de hijos a padres o la violencia sobre la mujer y son un servicio público y gratuito al que pueden acceder los ciudadanos bien por iniciativa propia, o a través de terceros como Fiscalía, otros órganos judiciales, la Policía o la Guardia Civil.
Los servicios que ofrecen incluyen la preparación, asistencia y acompañamiento a juicio; una primera atención psicosocial; información y orientación sobre los recursos que la comunidad pone a su disposición, y la posible derivación a otros espacios especializados cuando proceda.
También realizan la coordinación con otras instituciones; el seguimiento e información de la situación procesal de la víctima; y la intervención –psicológica, social o de crisis– con afectados por delitos violentos.
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