ALICANTE, 10 Abr. (EUROPA PRESS) –
Los gobiernos autonómicos de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia reivindicarán de la mano al Gobierno central y a los grupos parlamentarios en el Congreso la aprobación de un nuevo modelo de financiación, que termine con las desigualdades actuales que sitúan a valencianos y murcianos a la cola del actual sistema.
En una declaración institucional, firmada por los presidentes de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, y de Murcia, Fernando López Miras, reivindican, además, dos intereses comunes de ambas comunidades: el acceso al agua y a mejores infraestructuras centradas en el desarrollo del Corredor Mediterráneo.
En una comparecencia conjunta, en la sede de la Generalitat en Alicante este martes, el ‘president’ ha señalado que esta declaración se trata de un acuerdo nacido «desde la lealtad» hacia valencianos y murcianos y desde la «voluntad» de ambas autonomías para «construir puentes y no frentes».
Así, ha rechazado crear un «espacio de confrontación» con la financiación pero ha evidenciado que el actual modelo es «asimétrico» y ha recalcado que debe cumplirse con lo acordado en la Conferencia de Presidentes para «garantizar» la igualdad entre ciudadanos y la singularidad entre territorios.
Por ello, ha exigido que se cumpla con el calendario pactado en la Conferencia de Presidentes, y ha asegurado que el PIB valenciano y murciano crecería al 4 por ciento si se contara con una financiación adecuada.
En esta línea, ha insistido en que se debe terminar con «la injusticia de anteriores modelos» y asumir que parte de la deuda es «no por mala gestión» si no por no contar con los «recursos suficientes».
En eses mismo sentido se ha pronunciado el presidente murciano que ha alegado que el 80 por ciento de la deuda de la Región es consecuencia del modelo de financiación.
López Miras ha subrayado que las instituciones deben trabajar con la misma relación «estrecha» que une a la sociedad valenciana y murciana y ha apelado a «superar ideologías» y a centrarse «en el interés común».
«Hacer mejor la Comunitat Valenciana y Murcia es hacer mejor España», ha opinado y ha señalado que el acuerdo firmado dota de «herramientas» para buscar la «solidaridad», la «igualdad» y la «justicia» que permita «corregir» el actual modelo.
«PROBLEMA DE ESTADO»
Desde ese punto de vista, ha apostado por un acuerdo entre los partidos mayoritarios en el Congreso porque se trata de un «problema de Estado» que debe solucionar las «desigualdades».
Preguntado al respecto, ha sostenido que se defenderá el acuerdo firmado este martes «donde haga falta» y ante «todos los ámbitos». Además, como presidente del PP murciano, López Miras ha indicado que la dirección nacional de su partido es «receptiva» porque es una cuestión de «igualdad y justicia».
Por su parte, cuestionado sobre ello, Ximo Puig ha mantenido que el acuerdo no supone «el fracaso» de la Conferencia de Presidentes, porque las «circunstancias» políticas no han permitido «solucionar la situación».
INFRAESTRUCTURAS
En otro ámbito, las dos comunidades vecinas trabajarán de la mano para «impulsar inversiones suficientes» en materia de infraestructuras que permitan «agilizar» y «culminar» el proceso de «vertebración nacional y europeo», según señala la declaración firmada.
En ese aspecto, han reiterado su apuesta por un corredor mediterráneo que conectará el arco mediterráneo en el que confluyen el 50 por ciento de la población española, el 45% del PIB, el 47% del tejido productivo, 46% del empleo, 51% de la exportación, 63% del tráfico portuario y que, en suma, equivaldría «al séptimo puesto de importancia del PIB de la Unión Europea».
PGE
Preguntados sobre su opinión a cerca de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el presidente ‘popular’ ha enfatizado que se destinará una partida para poner en marcha al 100% las desaladoras y para el Taibilla, pero ha rechazado que sea la única vía y ha apostado porque el agua desalada sea «complementaria».
Por su parte, el presidente valenciano ha subrayado que el Consell está «insatisfecho» con el proyecto y ha recordado que en todo el período democrático «nunca» se ha recibido financiación por encima de 10 por ciento, este año se queda en el 7%.
