Valencia

El Es-Alert de la dana no se envió antes por orden directa de Pradas

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La consellera de Justicia, Salomé Pradas, junto ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres en una reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI). EFE/ Kai Forsterling/Archivo

El 29 de octubre de 2024, una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) azotó la Comunidad Valenciana, dejando 228 víctimas mortales. La gestión de la emergencia por parte de las autoridades ha sido objeto de escrutinio, especialmente en relación con el retraso en el envío de la alerta masiva a la población.

Retraso en la emisión de la alerta

Según declaraciones ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, un técnico del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana afirmó que la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, solicitó que no se enviara ninguna alerta sin su aprobación previa. Este requerimiento habría provocado un retraso en la emisión del mensaje de emergencia (Es-Alert), que finalmente se envió a las 20:11 horas, cuando ya se habían producido numerosas víctimas y daños significativos.

Debate sobre el contenido y alcance del mensaje

Testimonios indican que ya a las 19:00 horas existía una primera versión del mensaje de alerta, que sugería a la población permanecer en sus domicilios y estar atentos a futuros avisos. Sin embargo, hubo un intenso debate sobre el contenido y el alcance del mensaje, incluyendo preocupaciones sobre posibles reacciones de pánico. Finalmente, el mensaje enviado instaba a evitar desplazamientos en la provincia de Valencia.

Investigación judicial en curso

La jueza encargada del caso ha imputado a Salomé Pradas y a Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, por su presunta responsabilidad en la gestión de la catástrofe. Además, ha ofrecido al president de la Generalitat, Carlos Mazón, declarar como investigado, aunque no puede ser imputado directamente por su condición de aforado. La investigación se centra en la «palmaria ausencia» de alertas a la población y considera que las muertes eran evitables.

Este caso ha generado un amplio debate sobre la gestión de emergencias y la responsabilidad de las autoridades en situaciones de crisis.

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