VALÈNCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) –
El Ayuntamiento de València podría recaudar alrededor de 2 millones de euros con el cobro de impuestos como el de Bienes Inmuebles (IBI), Construcciones y Obras (ICIO) y Actividades Económicas (IAE) a inmuebles y actividades dependientes de organizaciones religiosas que no se dedican al culto sino a actividades que tienen fines lucrativos.
Así lo ha avanzado, en una entrevista a Europa Press, el concejal de Hacienda en la capital valenciana, Ramón Vilar, que ha precisado que en este caso estarían hospitales, universidades y otros centros educativos, todos ellos de carácter privado y gestionados por entidades de ese tipo.
El edil ha subrayado que se mantendrían exentas del pago «los inmuebles que están destinados a la asistencia social o a la celebración de culto», sean de la confesión que sean. «A estos no se les va a girar ningún recibo», ha insistido, al tiempo que ha lamentado la «mucha demagogia que se hace con esto».
«Lo he explicado ya y siempre me contestan lo mismo, que la Iglesia –Católica– hace mucho bien social. No estoy en ese debate. Esos centros no van a pagar. Pagarán los que están funcionando como empresas, con fines lucrativos», ha expuesto el responsable municipal.
En este punto, ha recordado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que reconoció la obligación del pago de impuestos a una «pastelería» en Mallorca «que era del Arzobispado» y ha aludido también a «negocios de hostelería» ubicados, por ejemplo, «en monasterios».
Ramón Vilar ha valorado la posibilidad de contar con 2 millones de euros más en las arcas municipales del Ayuntamiento de València pero ha señalado que en este caso, además de aumentar los ingresos lo «importante» es que con el cobro de esa cantidad se comienza a «cumplir el principio de equidad fiscal» para que toda actividad de «carácter lucrativo» que se desarrolle en la capital valenciana tribute.
«Para la ciudad 2 millones son importantes, no son despreciables pero más allá de la cantidad, lo significativo es cumplir la equidad fiscal», ha planteado. El concejal ha reiterado que cobrar dichos impuestos a actividades dependientes de entidades religiosas que funcionen como negocios y no como espacios de culto «no se plantea como un enfrentamiento con nadie» sino que responde al objetivo de que «haya igualdad de condiciones para operar en el mercado».
«No es ir contra nadie. La fiscalidad debe ser equitativa. Para ser justa debe ser equitativa», ha manifestado Vilar, que ha insistido en que la medida «afectaría a cualquier entidad, fundación e iglesia, no solo a la católica» y a «organizaciones de otro tipo que se acogen a la llamada Ley de Mecenazgo».
El titular de Hacienda ha agregado que atendiendo a lo que «entiende la Unión Europea, la Ley de Mecenazgo entra en contradicción con el principios básico de defensa de la libre competencia».
«El respeto a la libre competencias es uno de los pilares básicos de la Unión Europea. Me llama la atención que a algunos que se definen como liberales en los económico les pueda más la parte confesional de su posicionamiento político y no apoyan este tipo de cosas. Un liberal lo primero que debe ser es defensor de la libre competencia», ha manifestado a ese respecto.
«PROCESO COMPLEJO»
Ramón Vilar ha indicado que el Ayuntamiento de València «ya ha lanzado recibos del ICIO a algunas entidades que están acogidas a la Ley de Mecenazgo» y ha considerado que «va a ser posible cobrar otros impuestos como el IBI o el IAE». No obstante, ha asegurado que abordar el cobro de estos tributos es «complicado» y conlleva «un proceso complejo» para «seleccionar aquellos recibos que cumplan las condiciones» para ser recaudados.
El concejal ha afirmado que se trabaja ya en esa tarea y en la de cuantificar cuántos inmuebles estarían en esa situación y qué cantidad se podría cobrar. «Lo estamos haciendo. Tenemos el padrón de todos los que se acogen a la exención fiscal y ahora estamos depurando cuáles podemos girar. Del ICIO se ha girado todo lo que ahí aparece y se seguirá girando a todos los que están apareciendo. El IBI e, incluso, el IAE es lo que estamos depurando», ha expuesto.
Así, Vilar ha señalado que la «primera aproximación» y «estimación» que se tiene indica que el cobro sería de «alrededor de dos millones de euros». Ha agregado que hay que tener en cuenta que a alguno de estos casos se les podría aplicar «retroactividad de cuatro años».
El concejal de Hacienda, que ha apuntado que no descarta que haya afectados que recurran estas medidas del consistorio, ha aseverado que si alguno de ellos se dirige al consistorio para pedir explicaciones o reclamar «se le atenderá como se atiende a cualquier ciudadano».
«REIVINDICACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS»
Ramón Vilar ha añadido que la petición de modificar la Ley de Mecenazgo es «una reivindicación de los ayuntamientos de España». «Cada vez que tengo reunión con concejales de Hacienda lo ponemos sobre la mesa. Creo que coincidimos en esa reivindicación con los verdaderos mecenas. La gente que ejerce el mecenazgo no está muy satisfecha de estar en la misma ley que permite la evasión fiscal, entre comillas, legal, si es que puede haberla», ha declarado.
