Una respuesta parlamentaria del Ministerio de Cultura ha generado una nueva controversia lingüística en la Comunidad Valenciana. Según el Ejecutivo central, “hacer referencia al catalán incluye también al valenciano”, una afirmación que el Consell valenciano considera un menosprecio a la lengua valenciana, a la que acusa el Gobierno de Pedro Sánchez de reducir a una simple variante del catalán.
La polémica nace a raíz de una pregunta parlamentaria presentada por la diputada del Partido Popular Soledad Cruz‑Guzmán, en la que se pedía aclaración sobre la denominación de las lenguas cooficiales en documentación oficial del Estado.
El conflicto sobre la identidad lingüística del valenciano
El debate sobre si el valenciano es una lengua propia o una variante del catalán tiene una larga trayectoria en el ámbito político, académico y social. Aunque muchos filólogos consideran que catalán y valenciano forman parte de un mismo sistema lingüístico, amplios sectores de la sociedad y de las instituciones valencianas defienden el reconocimiento del valenciano como lengua diferenciada, con su propia normativa y rasgos culturales propios.
Desde el Consell, se considera que la postura del Ministerio de Cultura atenta contra el reconocimiento legal y estatutario del valenciano como lengua propia de la Comunidad Valenciana. A su juicio, esta afirmación supone “rebajar el idioma valenciano a una modalidad lingüística dependiente del catalán”, lo que genera un fuerte rechazo tanto político como social.
Reacciones del Gobierno valenciano y el contexto actual
La respuesta del Ministerio de Cultura se produce en un contexto ya tenso entre el Consell y el Gobierno central respecto a la política lingüística. El Ejecutivo valenciano, dirigido por el PP y Vox, ha impulsado recientemente diversas medidas para proteger y promover el uso del valenciano como lengua propia e independiente del catalán.
Entre estas acciones destacan:
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La modificación de los criterios lingüísticos para el uso del valenciano en la administración, priorizando formas más cercanas al uso social de la lengua.
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La aprobación de la Ley de Libertad Educativa, que permite exenciones del valenciano en zonas castellanohablantes.
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La exigencia de que en los convenios y documentos oficiales del Estado se utilice la denominación «valenciano» en lugar de «catalán».
Estas medidas han sido apoyadas por parte del electorado valenciano, pero también han generado críticas desde entidades culturales y académicas, que consideran que suponen una regresión en la normalización del valenciano y una ruptura con los consensos lingüísticos previos.
Consecuencias culturales, políticas y educativas
La polémica actual puede tener consecuencias relevantes en varios niveles:
1. Educación
La nueva legislación lingüística del Consell ha modificado la presencia del valenciano en las aulas, generando preocupación en sectores educativos que temen una pérdida de su uso en el ámbito escolar.
2. Administración pública
La revisión de criterios lingüísticos impulsada por la Generalitat pretende adaptar el valenciano oficial a un registro más próximo al hablado, lo que ha provocado tanto apoyo como rechazo por parte de lingüistas y técnicos.
3. Relación institucional
La falta de acuerdo entre el Gobierno central y el autonómico sobre la denominación del valenciano genera tensiones que afectan a convenios culturales, ayudas y presencia institucional de la lengua.
Un debate entre la unidad lingüística y la identidad cultural
El fondo del conflicto reside en la tensión entre dos modelos:
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Modelo integrador: Considera que catalán y valenciano forman una misma lengua con variantes regionales. Esta es la posición mayoritaria en el ámbito filológico y la que sostiene el Ministerio de Cultura.
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Modelo identitario: Defiende que el valenciano es una lengua distinta con entidad propia, como refleja el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
Ambas posturas conviven en una realidad sociolingüística compleja, donde la lengua no es sólo una herramienta de comunicación, sino un símbolo de identidad y pertenencia.
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