El Grupo Parlamentario Popular (GPP), ha anunciado este jueves que «no dudará en acudir a la vía penal» si el conseller de Educación, Vicent Marzà, «no publica inmediatamente instrucciones que den respuesta a los requerimientos del TSJCV y a las familias valencianas».
Así lo ha dado a conocer la portavoz de Educación del GPP, Beatriz Gascó, quien ha lamentado que «mañana los docentes vuelven a los centros sin saber qué modelo educativo tienen que aplicar». Así, ha señalado que al Consell «no le puede salir gratis saltarse la ley y el Estado de Derecho».
La popular ha recordado que el decreto de Plurilingüismo era «la joya de la corona» pero la realidad es que «solo ha generado desconcierto, desánimo, enfrentamiento y confrontación social» porque «no es un debate pedagógico, sino político, es un tema de libertades».
Gascó, ha señalado que «es una vergüenza» que Marzá no vaya a comparecer en Les Corts hasta que el curso escolar ya esté en marcha, cuando las familias «ya no tienen capacidad de reacción y los equipos directivos ya no pueden informar a las familias».
Así, ha advertido que existen actualmente «más de 100 centros educativos que han decidido anticiparse a la aplicación del decreto». Por lo tanto, «a estos centros hay que darles una respuestas y dejar de decir mentiras, porque las pocas aclaraciones que dan no son ciertas».
Ha señalado que «la situación de indefensión e incertidumbre de las familias valencianas no tiene precedentes a lo largo de la historia de la Comunitat». «Después de los varapalos judiciales es una vergüenza que Marzá siga escondido y no sepamos cual es el Plan B del Consell en materia de Educación».
La portavoz de Educación ha señalado que el TSJ es «contundente» en el Fundamento Jurídico al aclarar que «todo lo que el Decreto regula debe dejarse sin efectos y retornarse a la legalidad anterior».
De esta manera, el PP ha señalado que Marzà «debe ser igualmente claro y publicar instrucciones de forma inmediata que den respuesta a todas las incógnitas». Ha criticado que desde la primera suspensión cautelar del 24 de mayo no se hayan definido y comunicado las instrucciones porque «actualmente la irresponsabilidad de la conselleria la están asumiendo los equipos directivos».
Estas instrucciones deben explicar la forma en la que tienen que proceder, tienen que incluir un plan que explique que las familias puedan cambiarse de centro si consideran que se han vulnerado sus derechos fundamentales y deben incluir una hoja de ruta para los consejos escolares municipales. Así mismo, ha exigido a la conselleria que publique en el DOGV o en su página web el modelo lingüístico que se va a aplicar y que la inspección educativa sea la que vele por las garantías del procedimiento para volver al modelo de 2012.
El GPP también ha reclamado que en esas instrucciones aparezcan las aclaraciones sobre los libros de texto porque «¿quién se va a responsabilizar de los gastos de los libros realizados por las familias si tienen que volver a comprarlos?». Así, se ha preguntado que si algún equipo directivo han comprado lotes de libro y no sirven, ¿de quién va a ser la responsabilidad?, estamos hablando de dinero público y eficacia del gasto y esta cuestión tiene que estar resuelta en estas instrucciones porque sino podemos hablar de una situación de malversación de fondos públicos».
