La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha informado que el Gobierno valenciano ha acordado formalizar una propuesta para la reforma de la Constitución Española para que las comunidades autónomas tengan participación en el debate de la Carta Magna.
En este sentido, ha precisado que la modificación de la Constitución es una «necesidad sentida y reclamada» desde muchas opciones para poner en valor la pluralidad.
Oltra, tras la reunión del Pleno celebrada, ha destacado que con esta propuesta, el Consell «es el primer gobierno autonómico que manifiesta públicamente que es necesaria la reforma de la Constitución y en mostrar su postura sobre su contenido».
En este sentido, ha informado que se elaborará un documento, que será debatido y concretado en el Seminario de Invierno que se celebrará del 26 al 28 de enero en Vinaròs, «donde se fijará la posición del Consell sobre este asunto y será la propuesta de reforma que el president de la Generalitat defenderá ante la Comisión constituida en el Congreso de los Diputados a este efecto».
En esta línea ha señalado que el Pleno también ha acordado pedir que las comunidades autónomas «tengan participación en esta comisión como tales, a través de sus gobiernos, y más allá de la participación de los diferentes grupos políticos».
Nuevo concepto de derecho fundamental subjetivo
Oltra ha repasado los principales ejes acordados sobre los que se realizará la propuesta de reforma constitucional que se resumen en un «compromiso global con los valores que caracterizan a las democracias avanzadas y que sientan las bases para su futuro desarrollo por parte de las generaciones venideras».
Estos principios «tienen su concreción en el artículo 1,1 de la Constitución, donde se fijan los principios constitucionales que, junto a los actualmente reconocidos, también tienen que figurar, como es la paridad de género, la sostenibilidad ambiental y la hospitalidad», ha explicado.
Asimismo, ha indicado que, en la propuesta de reforma constitucional, «se propondrá el desarrollo intenso de los derechos de las personas, tanto los que ahora no tienen reconocimiento constitucional como aquellos que hay que mejorar en el texto, y cuya ausencia impide el despliegue efectivo del pleno reconocimiento de estos derechos».
Para ello, se pedirá que los derechos fundamentales «sean conceptuados como subjetivos y que, por tanto, puedan ser reivindicados ante los tribunales de justicia en aquellos casos en los que los poderes públicos no los garanticen»
En este sentido, para el Consell, en el preámbulo de la Constitución debería hacerse constar el «compromiso global» con la lucha contra el cambio climático y a favor de la transición ecológica de la economía; la lucha contra la violencia de género; la promoción de un gobierno abierto con estímulos para la transparencia, la participación y el buen gobierno; el compromiso con el avance de la integración en la Unión Europa en el sentido social y solidario; el compromiso con la cooperación internacional y la justifica universal; la promoción y democratización en la difusión del conocimiento científico y la apuesta por la universalidad en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.
En relación a los aspectos que tienen que ver con la ampliación o garantía de los derechos fundamentales, la vicepresidenta del Consell ha indicado que, además de los ya consagrados, «se plantea el derecho a una vivienda digna y accesible como quinto pilar del Estado del bienestar, el derecho a la sanidad universal y el acceso a los tratamientos que estén a disposición de las personas que los necesiten».
«También el derecho a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres de la misma manera que se incorporarían la paridad de género como principio general o el derecho a las diversidades de orientación sexual o diversidad de género, entre otros», ha indicado.
Modelo federal de Estado
Asimismo, el Consell planteará «el diseño de un modelo democrático del Estado y de sus mecanismos de funcionamiento que lleven a un sistema de gobierno de representación y administración auténticamente avanzado, la articulación de un modelo federal en el que el Estado».
«El objetivo es que no solo se reconozca la pluralidad y complejidad territorial de España, -ha añadido- sino que también se diseñe un sistema leal representativo y eficiente de responsabilidad política entre los diferentes niveles de gobierno, así como el establecimiento constitucional de las claves de un sistema de financiación de estos diferentes niveles que garantice realmente el autogobierno y el ejercicio político de las competencias de cada ámbito, minimizando el riesgo de interferencias».
