(EUROPA PRESS)-Varios empleados de las mercantiles cuyos responsables reconocieron haber financiado ilegalmente al PP de la Comunitat Valenciana han afirmado este miércoles ante el juez que no recuerdan que la empresa de la trama Gürtel que organizó los actos electorales en 2007 y 2008 para la formación política regional, Orange Market, les prestase servicios que después fueron pagados.
La sesión de este miércoles del juicio que se está celebrando la Audiencia Nacional por la presunta caja ‘b’ del PP liderado entonces por Francisco Camps se ha centrado en la declaración como testigos de seis personas que tuvieron alguna vinculación profesional con alguna de las empresas que pagaron facturas falsas relacionadas con las campañas municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008.
Todos los testigos que han comparecido este miércoles han dicho que no conocen personalmente a ninguno de los acusados en este juicio: ni a los ex políticos valencianos, ni a los líderes de la Gürtel y sus colaboradores. En este sentido, han indicado que han tenido alguna relación comercial con alguno de los grupos o mercantiles de los empresarios arrepentidos, pero nunca con Orange Market.
Han sido los exdirectores de Servicios Corporativos y de Comunicación y Marketing de Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SL los que han reconocido ante el titular del Juzgado Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, que firmaron unos contratos con Orange Market por orden de Alberto Gabriel Batalla, administrador de esta empresa. A renglón seguido han recalcado que no les consta que estos servicios se llevaran finalmente a cabo.
FACTURAS POR SERVICIOS NO PRESTADOS
Esta afirmación la han hecho a raíz de que el fiscal Anticorrupción Carlos Alba les mostrase dos facturas emitidas por la empresa de la que era responsable Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ –que se enfrenta a 27 años de prisión– con los importes de 45.000 euros por un trabajo de ‘merchandising’ y 50.000 euros por un acuerdo de colaboración. Ambas facturas corresponden con los 110.200 euros que el escrito de acusación del Ministerio Público señala como sospechosas de haber sido utilizadas para sufragar irregularmente los gastos electorales de los ‘populares’ valencianos.
De hecho, el que fuera responsable de Comunicación y Marketing de Lubasa ha precisado que si lo contratado se hubiese llegado a realizar, él se hubiese enterado. Por otro lado, su compañero ha dicho que firmó porque así se lo indicaron, pero que no tenía competencias en la materia de contratación.
Precisamente, Batalla es uno de los nueve empresarios que han confesado que sufragó los gastos electorales del PPCV en los comicios de 2007 y 2008. Según la Fiscalía, los industriales aportaron un total de 1,2 millones de euros, cantidad que se integra dentro de los 2,03 millones de euros que pagó el PP en negro a Orange Market en relación a estos actos.
La financiación ilegal de los ‘populares’ valencianos también ha sido confirmada por el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, y su ‘número dos’, Pablo Crespo, quienes explicaron en el juicio que el PP de Camps había ordenado que si «querían cobrar» los servicios prestados debían girar facturas falsas a «determinados empresarios».
Esta versión fue corroborada después por ‘El Bigotes’ y por el exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana Ricardo Costa –que fue quién trasladó dicha instrucción a la Gürtel–, y añadieron que este sistema de financiación ilegal fue instaurada por Francisco Camps.
