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GÜRTEL | Empleados de las empresas que financiaron ilegalmente al PP de Camps confirman las facturas falsas

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(EUROPA PRESS)-Varios empleados de las mercantiles cuyos responsables reconocieron haber financiado ilegalmente al PP de la Comunitat Valenciana han afirmado este miércoles ante el juez que no recuerdan que la empresa de la trama Gürtel que organizó los actos electorales en 2007 y 2008 para la formación política regional, Orange Market, les prestase servicios que después fueron pagados.

La sesión de este miércoles del juicio que se está celebrando la Audiencia Nacional por la presunta caja ‘b’ del PP liderado entonces por Francisco Camps se ha centrado en la declaración como testigos de seis personas que tuvieron alguna vinculación profesional con alguna de las empresas que pagaron facturas falsas relacionadas con las campañas municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008.

Todos los testigos que han comparecido este miércoles han dicho que no conocen personalmente a ninguno de los acusados en este juicio: ni a los ex políticos valencianos, ni a los líderes de la Gürtel y sus colaboradores. En este sentido, han indicado que han tenido alguna relación comercial con alguno de los grupos o mercantiles de los empresarios arrepentidos, pero nunca con Orange Market.

Han sido los exdirectores de Servicios Corporativos y de Comunicación y Marketing de Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SL los que han reconocido ante el titular del Juzgado Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, que firmaron unos contratos con Orange Market por orden de Alberto Gabriel Batalla, administrador de esta empresa. A renglón seguido han recalcado que no les consta que estos servicios se llevaran finalmente a cabo.

FACTURAS POR SERVICIOS NO PRESTADOS

Esta afirmación la han hecho a raíz de que el fiscal Anticorrupción Carlos Alba les mostrase dos facturas emitidas por la empresa de la que era responsable Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ –que se enfrenta a 27 años de prisión– con los importes de 45.000 euros por un trabajo de ‘merchandising’ y 50.000 euros por un acuerdo de colaboración. Ambas facturas corresponden con los 110.200 euros que el escrito de acusación del Ministerio Público señala como sospechosas de haber sido utilizadas para sufragar irregularmente los gastos electorales de los ‘populares’ valencianos.

De hecho, el que fuera responsable de Comunicación y Marketing de Lubasa ha precisado que si lo contratado se hubiese llegado a realizar, él se hubiese enterado. Por otro lado, su compañero ha dicho que firmó porque así se lo indicaron, pero que no tenía competencias en la materia de contratación.

Precisamente, Batalla es uno de los nueve empresarios que han confesado que sufragó los gastos electorales del PPCV en los comicios de 2007 y 2008. Según la Fiscalía, los industriales aportaron un total de 1,2 millones de euros, cantidad que se integra dentro de los 2,03 millones de euros que pagó el PP en negro a Orange Market en relación a estos actos.

La financiación ilegal de los ‘populares’ valencianos también ha sido confirmada por el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, y su ‘número dos’, Pablo Crespo, quienes explicaron en el juicio que el PP de Camps había ordenado que si «querían cobrar» los servicios prestados debían girar facturas falsas a «determinados empresarios».

Esta versión fue corroborada después por ‘El Bigotes’ y por el exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana Ricardo Costa –que fue quién trasladó dicha instrucción a la Gürtel–, y añadieron que este sistema de financiación ilegal fue instaurada por Francisco Camps.

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Muere Maricarmen a los 87 años, la mujer desahuciada de su vivienda en Madrid

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María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, ha fallecido este miércoles a los 87 años en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, según ha informado El País. Su historia se convirtió en uno de los símbolos de la lucha por el derecho a la vivienda después de que fuera desahuciada en septiembre del piso en el que había vivido durante alrededor de 70 años.

Su caso provocó una fuerte movilización social en Madrid y otras ciudades españolas y llegó a situarse en el centro del debate político sobre los desahucios y la protección de los inquilinos vulnerables.

Maricarmen murió a los 87 años

Maricarmen falleció este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón, donde había recibido atención médica después del desahucio ejecutado el pasado 23 de septiembre.

La mujer había abandonado su vivienda del distrito madrileño de Retiro en una camilla, acompañada por los servicios sanitarios del Samur. La imagen de su salida del inmueble se convirtió en una de las fotografías más reconocibles de su caso.

En los días posteriores al desahucio permaneció ingresada en el hospital. En uno de sus últimos mensajes públicos, difundido desde el centro sanitario, aseguró que no había conseguido defender su casa, pero que había luchado para que otras personas aprendieran a defender la suya.

Vivió 70 años en la misma casa

Maricarmen había residido durante unas siete décadas en una vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el distrito de Retiro.

El conflicto por el piso se prolongó durante años. Según la información publicada sobre el caso, la mujer tenía un contrato de renta antigua y abonaba alrededor de 500 euros mensuales entre alquiler y suministros, con una pensión de aproximadamente 1.400 euros.

La propiedad del inmueble pasó a una sociedad inmobiliaria y, tras varios intentos de desalojo, la comisión judicial ejecutó finalmente el lanzamiento el 23 de septiembre.

La salida de Maricarmen se produjo mientras cientos de personas se concentraban frente al edificio para intentar impedir el desahucio. Los sanitarios la trasladaron en camilla hasta una ambulancia del Samur.

Su desahucio provocó movilizaciones en toda España

El caso de Maricarmen generó una importante movilización de organizaciones de defensa del derecho a la vivienda.

Las protestas se extendieron a distintas ciudades españolas y en Madrid se produjo una concentración multitudinaria en apoyo de la mujer. El lema “Maricarmen somos todos” se convirtió en uno de los mensajes de las movilizaciones.

También hubo movilizaciones en València tras el desahucio, convocadas por organizaciones de inquilinos para denunciar la situación y reclamar una mayor protección para las personas vulnerables.

Consiguió volver a su casa

Tras el impacto social generado por su desahucio, la empresa propietaria accedió finalmente a que Maricarmen pudiera regresar a la vivienda mediante un nuevo contrato de alquiler.

De esta manera, la mujer pudo volver al domicilio en el que había vivido durante décadas, aunque su estado de salud se había deteriorado y necesitaba ayuda para algunas actividades cotidianas.

Su historia también quedó vinculada al debate sobre las medidas de protección de los inquilinos vulnerables y al denominado “decreto Maricarmen”, nombre utilizado para referirse al paquete de medidas de vivienda impulsado posteriormente en respuesta al debate generado por casos como el suyo.

“He luchado para que los demás aprendan a luchar por su casa”

Desde el hospital, pocos días después del desahucio, Maricarmen envió un mensaje en el que agradecía el apoyo recibido y animaba a continuar defendiendo el derecho a la vivienda.

La mujer explicó que su casa había sido su vida y que, aunque no había conseguido evitar el desahucio, quería que su lucha sirviera para otras personas que pudieran encontrarse en una situación similar.

Su fallecimiento llega pocas semanas después de aquel desalojo y después de que su caso se convirtiera en uno de los episodios más destacados del debate sobre la vivienda en España durante 2026.

Una historia que ha marcado el debate sobre los desahucios

La muerte de Maricarmen vuelve a poner el foco sobre la situación de las personas mayores y vulnerables que afrontan procedimientos de desahucio y sobre las medidas existentes para garantizar una alternativa habitacional.

Su caso coincidió además con la aprobación de nuevos decretos de vivienda por parte del Gobierno, que incluyen medidas destinadas a reforzar la protección de determinados inquilinos vulnerables y a ampliar la oferta de vivienda asequible.

Maricarmen se marcha a los 87 años después de haber convertido una batalla personal por permanecer en su casa en un símbolo nacional de la lucha por el acceso a una vivienda digna.

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