Condenado el hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación por la Audiencia de Badajoz

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación por su contratación en la Diputación de Badajoz.

La sentencia pone fin al juicio celebrado en las últimas semanas y considera acreditada la responsabilidad del músico en los hechos investigados, relacionados con el proceso de creación y adjudicación de un puesto de trabajo en la institución provincial.

La sentencia del caso David Sánchez

El fallo de la Audiencia Provincial resuelve uno de los procedimientos judiciales de mayor repercusión política de los últimos meses.

David Sánchez estaba acusado por su contratación como coordinador de actividades culturales en la Diputación de Badajoz, un proceso que fue investigado por un presunto trato de favor.

Finalmente, el tribunal ha impuesto una pena de nueve años de inhabilitación, una condena inferior a la prisión que reclamaban varias de las acusaciones populares durante el juicio.

También condena a otros acusados

La resolución judicial también afecta a otros procesados relacionados con la contratación investigada, entre ellos el expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, cuya responsabilidad también ha sido analizada durante el procedimiento.

La Audiencia Provincial detalla en la sentencia las responsabilidades individuales de cada uno de los acusados en el proceso de selección y creación del puesto que ocupó David Sánchez.

La sentencia no es firme

La resolución no es firme y podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo, que será el encargado de revisar el fallo si alguna de las partes presenta un recurso de casación.

La sentencia supone un nuevo capítulo judicial en un caso que ha estado rodeado de una gran atención mediática y política desde el inicio de la investigación.

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sienta desde este jueves en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz por el conocido como ‘caso Hermanísimo’. La causa judicial investiga presuntas irregularidades en su contratación como alto cargo en la Diputación de Badajoz y podría acarrearle penas de hasta seis años de prisión por delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

La investigación judicial sostiene que la plaza pública obtenida por David Sánchez en 2017 habría sido creada específicamente para él dentro de la institución provincial pacense.

La Justicia investiga un posible enchufe en la Diputación

Según el auto de procesamiento de la magistrada Beatriz Biedma, el puesto de coordinador de actividades de los conservatorios fue diseñado de manera expresa para facilitar la incorporación del hermano de Pedro Sánchez.

La jueza considera que David Sánchez conocía previamente las condiciones de la plaza y participó en el proceso selectivo únicamente para “simular la legalidad formal del procedimiento”. Además, la investigación apunta a que diversos responsables políticos y administrativos de la Diputación de Badajoz habrían colaborado en la creación de una estructura orientada a justificar la contratación.

Las sospechas sobre el trabajo desempeñado

Otro de los aspectos que centra la investigación judicial es el desempeño efectivo del puesto de trabajo. Los informes incorporados a la causa sostienen que David Sánchez apenas acudía físicamente a su despacho pese a percibir un salario público como alto cargo provincial.

Durante la fase de instrucción, el hermano del presidente llegó incluso a no concretar con exactitud dónde se encontraba su oficina dentro del edificio de la Diputación. Asimismo, la causa recoge que no existía un sistema de control horario sobre su actividad laboral.

La investigación también analiza las modificaciones posteriores del puesto, que acabó transformándose en una jefatura de la Oficina de Artes Escénicas.

Once acusados y decenas de testigos

Además de David Sánchez, el juicio contará con otros once acusados vinculados a la Diputación de Badajoz y al PSOE extremeño. Entre ellos destaca Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la institución provincial y exsecretario general del PSOE en Extremadura.

También comparecerán antiguos responsables del área de Cultura y varios técnicos relacionados con el procedimiento administrativo investigado.

El proceso judicial contará con la declaración de 34 testigos y ocho agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuyos informes fueron clave para la apertura del juicio oral.

Las acusaciones populares toman protagonismo

En la causa participan siete acusaciones populares, entre ellas Vox, PP, Manos Limpias, Hazte Oír y Fundación Abogados Cristianos. Todas ellas sostienen que existieron irregularidades en la contratación y posterior evolución laboral del hermano del presidente del Gobierno.

Las sesiones del juicio se prolongarán durante varios días y podrían convertirse en uno de los procesos judiciales con mayor repercusión política de los últimos meses debido a la relación directa del caso con el entorno familiar de Pedro Sánchez.