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Vox pide retirar el pasaporte al hermano de Pedro Sánchez para evitar una posible fuga a Japón

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hermano de Pedro Sánchez
David Sánchez Pérez-Castejón

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está siendo investigado por supuestos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. En este contexto, el partido político Vox, personado como acusación popular, ha solicitado la retirada de su pasaporte para evitar su posible fuga a Japón, país donde residen su esposa e hija.

Vox alerta del riesgo de fuga ante la falta de tratado de extradición

La solicitud de Vox se produce después de que el diario ABC haya informado este martes de que el consulado de Japón ha concedido un visado a David Sánchez por reagrupamiento familiar. Ante esta situación, Marta Castro, coordinadora nacional del Área Jurídica de Vox, ha advertido en un comunicado de prensa que España no tiene tratado de extradición con Japón, lo que podría impedir la celebración del juicio en caso de que Sánchez se trasladase a dicho país.

Antecedentes del caso: investigación por corrupción en Badajoz

La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que investiga la contratación de David Sánchez por parte de la Diputación de Badajoz, acordó en mayo enviarlo a juicio. En el proceso también figura como investigado el expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.

Ambos están acusados de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por supuestas irregularidades en la designación de David Sánchez como alto cargo de la institución provincial.

Petición urgente de medidas cautelares

Vox ha solicitado al juzgado que libre un oficio urgente a la Brigada de Policía para verificar si David Sánchez ha obtenido efectivamente el visado para trasladarse a Japón. En caso afirmativo, pide que se le retire el pasaporte de forma inmediata, con el objetivo de garantizar su presencia en el juicio.

Marta Castro ha insistido en que, de no actuar con celeridad, se corre el riesgo de que el procedimiento judicial no pueda continuar si el acusado abandona territorio nacional.

Claves del caso

  • David Sánchez está investigado por su contratación como cargo público en Badajoz.

  • Japón no tiene tratado de extradición con España.

  • Vox actúa como acusación popular y solicita medidas preventivas.

  • La jueza ya ordenó la apertura de juicio oral.

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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