El Juzgado de Instrucción número 7 de València ha acordado el archivo de la querella presentada contra el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de València, Juan Giner, al no apreciar indicios de delito de prevaricación administrativa en la gestión de licencias hoteleras.
La resolución judicial, consultada por Europa Press, establece el sobreseimiento libre del caso, aunque contra la decisión cabe recurso.
La querella se centraba en dos proyectos hoteleros en València
El procedimiento judicial se inició a raíz de una denuncia presentada por una mercantil vinculada a proyectos inmobiliarios turísticos en la ciudad de València.
La empresa cuestionaba la actuación municipal en dos expedientes urbanísticos situados en:
- Calle Carlos Cortina
- Calle Encarna Albarracín
Ambos proyectos estaban destinados a la implantación de establecimientos hoteleros en locales calificados como terciario exclusivo.
Por qué se investigaba al concejal de Urbanismo
Según la querella, tanto la actuación del concejal Juan Giner como la del jefe del Servicio de Planeamiento podrían constituir un delito de prevaricación administrativa.
El motivo principal era la suspensión de una licencia y el informe desfavorable emitido en otro expediente urbanístico, que la empresa consideraba injustificados y contrarios a derecho.
El juzgado no ve delito de prevaricación
Sin embargo, la magistrada concluye que no existen indicios suficientes de criminalidad.
En el caso de la resolución firmada por el concejal, el juzgado destaca que:
- Existía respaldo técnico y jurídico de los funcionarios competentes.
- La actuación se basó en acuerdos previos del Ayuntamiento de València.
- La motivación política no implica automáticamente un delito.
El auto también subraya que un cargo electo puede defender públicamente determinadas políticas urbanísticas sin que ello constituya prevaricación.
El papel del técnico municipal, también analizado
Respecto al jefe de Servicio de Planeamiento, el juzgado considera que su informe no tiene naturaleza de resolución administrativa, sino de carácter técnico.
Por ello, no se cumple el requisito penal necesario para considerar la existencia de prevaricación, ya que la decisión final correspondía a otros órganos administrativos.
Además, la jueza apunta que la interpretación técnica del caso era razonablemente discutible y que la vía penal no era el cauce adecuado en esta fase.
Conclusión del caso urbanístico en València
Con esta decisión, el juzgado archiva la causa contra Juan Giner y el técnico municipal, al considerar que las actuaciones cuestionadas se enmarcan dentro de la legalidad administrativa.
El caso, no obstante, queda abierto a posibles recursos por parte de la parte denunciante.
