Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:
VALÈNCIA, 30 junio 2025 (EUROPA PRESS) – El tribunal desestima el recurso del ex alto cargo de Emergencias de la Generalitat Valenciana, investigado por las consecuencias mortales de la DANA de octubre
València, 30 de junio de 2025 – La Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la imputación del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, en el marco de la causa que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre, que dejó un balance de 228 fallecidos y numerosos heridos.
La Sección Segunda del tribunal ha rechazado el recurso de apelación presentado por el propio Argüeso —al que se sumó la Fiscalía— contra el auto dictado el pasado 10 de marzo por el Juzgado de Instrucción nº3 de Catarroja, que ordenó su citación como investigado junto a Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior.
«Una decisión no arbitraria», según la Audiencia
La Sala considera que la decisión judicial de citar a ambos como investigados “no es irrazonable ni arbitraria”, dado el contexto y objeto de la investigación penal. El auto recuerda que el umbral de elementos incriminatorios para llamar a declarar a una persona como investigada «varía según la fase del procedimiento», y que este se encuentra todavía en una fase inicial.
Los magistrados analizan también el marco normativo que regula las funciones de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), creada por la Ley 4/2017 y regulada por el Decreto 122/2017. En base a esa legislación, concluyen que la actuación del juzgado se ajusta al derecho y que la condición de «garante» atribuida al exalto cargo debe ser objeto de estudio dentro del proceso.
El foco: si su actuación pudo evitar el resultado mortal
Uno de los puntos clave que establece la resolución judicial es que la investigación no debe limitarse a señalar que se incumplió un deber, sino a determinar si la conducta presuntamente omisiva atribuida a Argüeso pudo haber interrumpido el nexo causal que llevó a los 228 fallecimientos.
El tribunal aclara, además, que no es necesario tener identificadas todas las víctimas mortales para que se tome declaración al investigado, desestimando así otro de los argumentos de la defensa.
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