La titular del juzgado de instrucción número ocho de Valencia, que investiga el caso Erial, ha denegado la petición del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana para ser puesto en libertad. La defensa del exministro la solicitó la semana pasada alegando «motivos humanitarios» por la enfermedad que sufre su cliente, leucemia, y reclamaba, como alternativa, un arresto domiciliario.
La Fiscalía Anticorrupción se opone al entender que persiste el riesgo de fuga y la posibilidad de destrucción de pruebas. Además, la juez indica que durante su estancia en la cárcel de Picassent, el expresidente valenciano ha evidenciado encontrarse bien ya que solicitó el uso del gimnasio de la prisión. La magistrada ha denegado así la petición pese a los informes médicos, incluido el forense, que informan negativamente de la permanencia en prisión de Zaplana.
En el auto de prisión del pasado 22 de mayo, la jueza acusó a Zaplana de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.
En el caso Erial, el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.
