Castelló, 29 sep (EFE).- Un total de 123 afectados por los seísmos provocados por el proyecto Castor reclaman a la empresa concesionaria ESCAL UGS, S.L (participada mayoritariamente por ACS) 1.845.000 euros por lo daños morales producidos por «la ola de pánico generalizado» consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron en las poblaciones afectadas.
El despacho de abogados BCV Lex, en representación de la asociación de afectados Aplaca (formada por 123 vecinos de las localidades afectadas), ha solicitado a la Audiencia Provincial de Castellón una indemnización de 15.000 euros para cada uno de los afectados en el juicio que se iniciará el próximo día 18 de octubre en el Tribunal de Castellón, según han señalado fuentes del despacho.
«La indemnización se plantea como la forma de resarcir a unos afectados que estuvieron sometidos durante semanas a una situación de pánico general provocada por los seísmos constantes, por conocer que los terremotos estaban provocados por la actividad en la plataforma y por la agitación social provocada durante los hechos», ha explicado Esther Abellán Solesio, abogada del despacho BCV Lex y responsable del caso.
Las mismas fuentes han recordado que en el periodo entre el 2 de septiembre en que comenzó la tercera fase de inyección en la plataforma Castor y el día 17 de septiembre en que se ordenó su paralización se detectaron en la zona un total de 552 seísmos de diferentes magnitudes.
De todos ellos, quince, según informe del Instituto Geográfico Nacional, afectaron a la población de Vinaròs, así como a las poblaciones cercanas a la misma tanto de la provincia de Castellón como de la provincia de Tarragona, con una intensidad II y III en la escala macrosísmica europea.
Esto ocasionó a la población afectada «la consiguiente intranquilidad, angustia, miedo, zozobra, y preocupación por los acontecimientos, que sintieron alguno de los movimientos en las horas de descanso nocturno, y generando una gran incertidumbre al vincularlos a las actividades de inyección realizadas, todo los cual interfirió en el normal disfrute de su vida y de sus propiedades, ocasionando un grave riesgo tanto a la salud de las personas como a las condiciones naturales del ecosistema (suelo, aire y agua)», según recoge el informe del caso.
ACS, a través de la compañía ESCAL UGS, S.L, obtuvo «autorización administrativa y reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones y servicios necesarios para el desarrollo del almacenamiento subterráneo Castor», según consta en la documentación del caso.
El objetivo de la citada concesión era desarrollar un almacén subterráneo de gas aprovechando las posibilidades que ofrecía una estructura geológica del antiguo yacimiento petrolífero de Amposta, situado en el subsuelo del mar Mediterráneo, a más de 1.700 metros de profundidad, y a una distancia de 22 kilómetros de la costa de Vinaròs, contando con una plataforma marítima ubicada sobre el mismo yacimiento y una planta de operaciones ubicada unida con un gaseoducto de 30 pulgadas de diámetro y 30 kilómetros de longitud, de los que 22 son submarinos y 8 kilómetros en la costa.
En el estudio de impacto ambiental previo al proyecto, el observatorio del Ebro presentó alegaciones en la fase de consultas, advirtiendo sobre el riesgo de terremotos asociados a las actividades de inyección. Así ocurrió nada más empezar la tercera fase de inyección de gas en el depósito, sometiendo a la población a una situación de pánico continuado durante todo el periodo, según la defensa de los afectados.
