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Los afectados por Castor piden 2 millones de euros a la empresa de Florentino Pérez

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Castelló, 29 sep (EFE).- Un total de 123 afectados por los seísmos provocados por el proyecto Castor reclaman a la empresa concesionaria ESCAL UGS, S.L (participada mayoritariamente por ACS) 1.845.000 euros por lo daños morales producidos por «la ola de pánico generalizado» consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron en las poblaciones afectadas.

El despacho de abogados BCV Lex, en representación de la asociación de afectados Aplaca (formada por 123 vecinos de las localidades afectadas), ha solicitado a la Audiencia Provincial de Castellón una indemnización de 15.000 euros para cada uno de los afectados en el juicio que se iniciará el próximo día 18 de octubre en el Tribunal de Castellón, según han señalado fuentes del despacho.

«La indemnización se plantea como la forma de resarcir a unos afectados que estuvieron sometidos durante semanas a una situación de pánico general provocada por los seísmos constantes, por conocer que los terremotos estaban provocados por la actividad en la plataforma y por la agitación social provocada durante los hechos», ha explicado Esther Abellán Solesio, abogada del despacho BCV Lex y responsable del caso.

Las mismas fuentes han recordado que en el periodo entre el 2 de septiembre en que comenzó la tercera fase de inyección en la plataforma Castor y el día 17 de septiembre en que se ordenó su paralización se detectaron en la zona un total de 552 seísmos de diferentes magnitudes.

De todos ellos, quince, según informe del Instituto Geográfico Nacional, afectaron a la población de Vinaròs, así como a las poblaciones cercanas a la misma tanto de la provincia de Castellón como de la provincia de Tarragona, con una intensidad II y III en la escala macrosísmica europea.

Esto ocasionó a la población afectada «la consiguiente intranquilidad, angustia, miedo, zozobra, y preocupación por los acontecimientos, que sintieron alguno de los movimientos en las horas de descanso nocturno, y generando una gran incertidumbre al vincularlos a las actividades de inyección realizadas, todo los cual interfirió en el normal disfrute de su vida y de sus propiedades, ocasionando un grave riesgo tanto a la salud de las personas como a las condiciones naturales del ecosistema (suelo, aire y agua)», según recoge el informe del caso.

ACS, a través de la compañía ESCAL UGS, S.L, obtuvo «autorización administrativa y reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones y servicios necesarios para el desarrollo del almacenamiento subterráneo Castor», según consta en la documentación del caso.

El objetivo de la citada concesión era desarrollar un almacén subterráneo de gas aprovechando las posibilidades que ofrecía una estructura geológica del antiguo yacimiento petrolífero de Amposta, situado en el subsuelo del mar Mediterráneo, a más de 1.700 metros de profundidad, y a una distancia de 22 kilómetros de la costa de Vinaròs, contando con una plataforma marítima ubicada sobre el mismo yacimiento y una planta de operaciones ubicada unida con un gaseoducto de 30 pulgadas de diámetro y 30 kilómetros de longitud, de los que 22 son submarinos y 8 kilómetros en la costa.

En el estudio de impacto ambiental previo al proyecto, el observatorio del Ebro presentó alegaciones en la fase de consultas, advirtiendo sobre el riesgo de terremotos asociados a las actividades de inyección. Así ocurrió nada más empezar la tercera fase de inyección de gas en el depósito, sometiendo a la población a una situación de pánico continuado durante todo el periodo, según la defensa de los afectados.

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El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público con 36.600 plazas, un 9% menos que en 2024

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público (OEP) para 2025 con un total de 36.600 plazas, lo que supone un descenso del 9% respecto a la convocatoria del año anterior, cuando se ofertaron 40.146 puestos. Esta decisión llega en un contexto marcado por las negociaciones sindicales y las exigencias de estabilidad y refuerzo de los servicios públicos.

Reparto de las plazas: Administración General, Justicia y Seguridad

Según ha detallado el Ministerio de Función Pública, del total de 36.617 plazas, 20.840 serán de nuevo ingreso y 11.600 de promoción interna. La mayor parte de los puestos se concentrarán en la Administración General del Estado (AGE), así como en los ámbitos de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Sanidad Exterior.

Este reparto responde a las necesidades detectadas por los distintos departamentos para cubrir jubilaciones, vacantes estructurales y reforzar áreas estratégicas como la digitalización, la inspección laboral o la gestión de políticas públicas.

Oferta extraordinaria: 1.000 plazas para facilitar la jubilación parcial

Junto a esta convocatoria general, el Gobierno ha anunciado una oferta extraordinaria de 1.000 plazas específicamente dirigida a facilitar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la AGE. Este colectivo había quedado en un limbo legal tras la reforma de las pensiones, al exigir la normativa que el trabajador relevista tenga contrato indefinido y jornada completa.

Esta medida responde a una histórica reivindicación de los sindicatos CCOO y UGT, que también exigen su ampliación al personal funcionario y estatutario.

Reacciones sindicales: tensión por el acuerdo inacabado

La nueva OEP llega en medio de creciente presión sindical. La semana pasada, CCOO y UGT organizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como la ejecución del plan de choque contra la temporalidad y la subida salarial correspondiente a 2025.

Aunque el Ejecutivo ha aprobado recientemente un incremento salarial adicional del 0,5%, los sindicatos consideran que las medidas son aún insuficientes para abordar los retos estructurales del empleo público en España.

Una oferta con menos plazas, pero centrada en la estabilización

Pese a ser un 9% inferior a la del año pasado, la nueva OEP mantiene un enfoque prioritario en la estabilización del empleo, la reducción de la temporalidad y la eficiencia en los procesos selectivos, con la intención de agilizar convocatorias y evitar demoras en la incorporación de personal.

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