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Los afectados por Castor piden 2 millones de euros a la empresa de Florentino Pérez

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Castelló, 29 sep (EFE).- Un total de 123 afectados por los seísmos provocados por el proyecto Castor reclaman a la empresa concesionaria ESCAL UGS, S.L (participada mayoritariamente por ACS) 1.845.000 euros por lo daños morales producidos por «la ola de pánico generalizado» consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron en las poblaciones afectadas.

El despacho de abogados BCV Lex, en representación de la asociación de afectados Aplaca (formada por 123 vecinos de las localidades afectadas), ha solicitado a la Audiencia Provincial de Castellón una indemnización de 15.000 euros para cada uno de los afectados en el juicio que se iniciará el próximo día 18 de octubre en el Tribunal de Castellón, según han señalado fuentes del despacho.

«La indemnización se plantea como la forma de resarcir a unos afectados que estuvieron sometidos durante semanas a una situación de pánico general provocada por los seísmos constantes, por conocer que los terremotos estaban provocados por la actividad en la plataforma y por la agitación social provocada durante los hechos», ha explicado Esther Abellán Solesio, abogada del despacho BCV Lex y responsable del caso.

Las mismas fuentes han recordado que en el periodo entre el 2 de septiembre en que comenzó la tercera fase de inyección en la plataforma Castor y el día 17 de septiembre en que se ordenó su paralización se detectaron en la zona un total de 552 seísmos de diferentes magnitudes.

De todos ellos, quince, según informe del Instituto Geográfico Nacional, afectaron a la población de Vinaròs, así como a las poblaciones cercanas a la misma tanto de la provincia de Castellón como de la provincia de Tarragona, con una intensidad II y III en la escala macrosísmica europea.

Esto ocasionó a la población afectada «la consiguiente intranquilidad, angustia, miedo, zozobra, y preocupación por los acontecimientos, que sintieron alguno de los movimientos en las horas de descanso nocturno, y generando una gran incertidumbre al vincularlos a las actividades de inyección realizadas, todo los cual interfirió en el normal disfrute de su vida y de sus propiedades, ocasionando un grave riesgo tanto a la salud de las personas como a las condiciones naturales del ecosistema (suelo, aire y agua)», según recoge el informe del caso.

ACS, a través de la compañía ESCAL UGS, S.L, obtuvo «autorización administrativa y reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones y servicios necesarios para el desarrollo del almacenamiento subterráneo Castor», según consta en la documentación del caso.

El objetivo de la citada concesión era desarrollar un almacén subterráneo de gas aprovechando las posibilidades que ofrecía una estructura geológica del antiguo yacimiento petrolífero de Amposta, situado en el subsuelo del mar Mediterráneo, a más de 1.700 metros de profundidad, y a una distancia de 22 kilómetros de la costa de Vinaròs, contando con una plataforma marítima ubicada sobre el mismo yacimiento y una planta de operaciones ubicada unida con un gaseoducto de 30 pulgadas de diámetro y 30 kilómetros de longitud, de los que 22 son submarinos y 8 kilómetros en la costa.

En el estudio de impacto ambiental previo al proyecto, el observatorio del Ebro presentó alegaciones en la fase de consultas, advirtiendo sobre el riesgo de terremotos asociados a las actividades de inyección. Así ocurrió nada más empezar la tercera fase de inyección de gas en el depósito, sometiendo a la población a una situación de pánico continuado durante todo el periodo, según la defensa de los afectados.

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El Cuco y su madre admiten que mintieron en el juicio por el asesinato de Marta del Castillo

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el cuco marta del castillo

Giro inesperado en el caso de Marta del Castillo. Francisco Javier García Marín, conocido como el Cuco, y su madre, Rosalía García Marín, han reconocido ante la jueza que mintieron durante el proceso celebrado en el año 2011 por el asesinato de la joven sevillana. Cabe recordar que en el juicio en el que Miguel Carcaño fue condenado a 20 años de prisión por el crimen.

El Ministerio Público pide para ellos ocho meses de cárcel y multas de 1.500 euros para cada uno, mientras que la familia de Marta reclama dos años de prisión y multas de 1.800 euros.

El Cuco y su madre mienten

El Cuco y su madre han admitido en sus declaraciones los hechos contenidos en los escritos de acusación, lo que significa que no dijeron la verdad en el proceso celebrado en 2011.

En 13 años, por primera vez Francisco Javier García Marín ha reconocido que sí estuvo en el piso de la calle León XIII donde se cometió el asesinato, en contra de la versión que siempre ha mantenido: que la tarde noche del 24 de enero de 2009, cuando se cometió el asesinato, no estuvo en el mencionado piso; que ese día había estado con unos amigos; que sobre las 23.30 horas de ese día 24 se encontró en las inmediaciones de su casa con el que entonces era la pareja de su madre, Ángel Manuel R.C., que «había ido a tirar la basura»; y que después subió a su domicilio y no volvió a salir.

Rosalía, la madre del Cuco, declaró en 2011 que ese día salió con su pareja a tomar una copa, que fueron al bar La Portada, que ambos volvieron a su domicilio sobre las 1.30 o 2.00 de la madrugada ya del día 25 y que, una vez allí, «entró en el dormitorio de su hijo, lo vio acostado y le dio un beso». Ahora, en su declaración de esta mañana, Rosalía también ha reconocido que mintió.

Solo han admitido esto de la parte del delito del que se les acusa. Ni el Cuco ni su madre han respondido a más preguntas del tribunal.

La jueza ha desestimado el resto de las pruebas testificales, entre ellas, la declaración de Miguel Carcaño, que estaba prevista para el próximo martes 31.

Se mantiene eso sí la declaración de los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, para determinar el posible daño moral a su familia.

Decenas de personas se han concentrado a las puertas del juzgado esta mañana, sobre todo vecinos de la familia de Marta que han querido arroparlos ante la celebración del nuevo proceso judicial.

Rosalía y el Cuco han llegado al juzgado recibidos por los gritos de las personas concentradas, que han clamado pidiendo «Justicia para Marta».

En la actualidad el Cuco tiene 29 años y ha llegado completamente cubierto para evitar ser reconocido, con una amplia sudadera, la capucha puesta, un pasamontañas, gafas de sol y hasta unos guantes, que podrían haberle servido para ocultar alguna marca o tatuaje.

Por su parte la madre tan solo llevaba unas gafas de sol, mascarilla y un pañuelo en la cabeza, que apenas le cubría.

Ya en la sala se ha podido ver al Cuco descubierto, llevando tan solo una mascarilla, y con el pelo corto, una imagen diferente a la melena que lucía en 2011 cuando se celebró el juicio por el asesinato de Marta.

 

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