(EFE/OP).- El presidente de Escal UGS y su consejero delegado, Recaredo del Potro y José Luis Matínez Dalmau, acusados en el juicio por los seísmos provocados por la inyección de gas en el proyecto Castor en septiembre de 2013, han declarado este lunes que durante ese proceso «nadie percibió el más leve temblor».
Según han declarado en el juicio que se sigue desde este lunes contra ellos en la Audiencia de Castellón, la actividad que llevó a cabo la empresa en 2013 «no ha alterado» la peligrosidad en la falla de Amposta, que según defienden sigue siendo la más baja de España, y durante el proceso se cumplieron todos los protocolos de seguridad.
Del Potro ha explicado, a preguntas de la fiscal, que se conocía la existencia de microsismicidad en la zona pero que se daba la misma en dos ejemplos en plantas que todavía funcionan, y que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) había determinado que lo mayor que podía producirse en la zona de inyección (frente a las costas de Vinaròs) era un seísmo de 4,7 grados, una cifra «lejos de suponer un riesgo real».
