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Caso Luis Rubiales: última hora
La Audiencia Nacional absuelve a Rubiales del delito de coacciones y le impone restricción de acercamiento
El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a 18 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros (un total de 10.800 euros) por agresión sexual. La sentencia se debe al beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso durante la ceremonia de entrega de medallas del Mundial Femenino de 2023 en Sídney (Australia).
Detalles de la sentencia y restricciones impuestas
El magistrado José Manuel Fernández-Prieto ha absuelto a Rubiales del delito de coacciones, alegando falta de pruebas que acrediten presiones sobre Hermoso para minimizar el incidente. Además, se le prohíbe acercarse a la futbolista en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año.
Asimismo, el tribunal ha absuelto a los otros tres acusados: el exseleccionador femenino Jorge Vilda, el exdirector de Fútbol Albert Luque y el exresponsable de marketing Rubén Rivera, quienes estaban imputados por coacciones.
Reacciones y posibles recursos
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha celebrado la sentencia, destacando que «cuando no hay consentimiento, hay agresión» y subrayando la importancia de respetar la palabra de la víctima. La sentencia es recurrible ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Un juicio mediático y con gran cobertura
El juicio, que comenzó el 3 de febrero y duró nueve sesiones, contó con la declaración de Rubiales, quien defendió que el beso fue consentido, y de Hermoso, quien afirmó haberse sentido «no respetada». La Fiscalía había solicitado una pena de dos años y medio de cárcel para Rubiales, incluyendo un año por agresión sexual y otro año y medio por coacciones, aunque finalmente este último cargo fue desestimado.
Con una gran repercusión mediática, el proceso ha sido seguido por más de un centenar de medios, convirtiéndose en uno de los juicios más relevantes en la historia de la Audiencia Nacional. La sentencia supone un hito en la aplicación de la normativa sobre consentimiento y agresión sexual en España.
