València, 13 dic (EFE).- El diputado de Les Corts Valencianes Vicente Fernández ha presentado una denuncia contra el president de la Generalitat, Ximo Puig, y la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra por posibles delitos de prevaricación y malversación, debido a que la exnúmero dos del Gobierno valenciano está cobrando el paro pese a que dimitió.
La denuncia, presentada este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana debido a la condición de aforado de Puig, se basa en las declaraciones de Oltra en el programa ‘Salvados’ de La Sexta, donde afirmó que estaba cobrando 1.300 euros por desempleo.
Fernández, abogado y actualmente diputado no adscrito tras haber dejado Ciudadanos, ha indicado a EFE que los altos cargos tienen derecho al paro, como cualquier ciudadano, pero si cumplen los requisitos que exige la ley de la Seguridad Social y la normativa que regula la prestación por desempleo especifica.
Ha añadido que la legislación excluye de esa prestación a quien abandone voluntariamente el puesto de trabajo, como en su opinión en el caso de Oltra, y ha alertado además de que su cese «posiblemente haya comportado el cobro de una indemnización de tres meses de sueldo íntegro, a la que por su dimisión tampoco tendría derecho».
Según expone en la denuncia, pese a la dimisión voluntaria de Oltra, el president «de forma no solo irregular» sino «absolutamente contraria a derecho y a sabiendas de ello, muy posiblemente con la intención de beneficiar» a la exvicepresidenta para la obtención de prestación por desempleo, firmó un decreto de cese, «en lugar de aceptar su dimisión».
La consecuencia jurídica de hacerlo de esta forma, señala la denuncia, es que Oltra ha obtenido una prestación por desempleo «a la que legalmente no tendría derecho por dimisión voluntaria», utilizando una vía legal «equivalente a extinguir su relación como alto cargo por decisión del president de la Generalitat».
Para el denunciante, estos hechos constituyen, «además de una intolerable desviación de poder», un posible delito de malversación de caudales públicos y uno de prevaricación, por lo que deben ser investigados para su comprobación y averiguación de los responsables.
«Es una vergüenza que desde el Consell los políticos se protejan siempre y se apañen asuntos para cobrar lo que a cualquier ciudadano de a pie se les negaría; nadie está por encima de la ley», ha manifestado el diputado.
