VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) – El actual alcalde de Torres Torres (Valencia), Rafael Moisés Gil, ha aceptado cumplir casi ocho años de prisión, ocho de inhabilitación para cargo público y 131.000 euros de multa por pertenecer a una organización criminal dedicada a la intermediación, producción, adquisición, venta y transporte al resto de Europa de grandes cantidades de marihuana y armas de fuego.
El primer edil, que se presentó a la alcaldía como independiente en las listas del PSPV y fue expulsado del grupo municipal en el momento de su detención, ha alcanzado una conformidad con la acusación por la que acepta una condena de siete años y 11 meses de cárcel, ocho años de inhabilitación para cargo público y 131.000 euros de multa por pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, encubrimiento, contra los derechos de los trabajadores, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del proceso.
El alcalde, según ha avanzado Levante-EMV, se niega a dimitir porque asegura que está haciendo las cosas bien en el consistorio y quiere solicitar la suspensión de la condena.
El fiscal del caso solicitaba por el conjunto de los delitos un total de 30 años de prisión, más de 600.000 euros de multa y 20 años de inhabilitación para ejercer cargo público. De los 42 acusados en el juicio celebrado esta semana por estos hechos, 39 han alcanzado conformidades en sus condenas.
Según el relato del fiscal, los acusados formaron una organización criminal perfectamente estructurada dedicada a la intermediación, producción, adquisición, venta y transporte por carretera al resto de Europa de grandes cantidades de marihuana y armas de fuego y cuyos miembros residían en diversas provincias de Cataluña, Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía. Principalmente, en Lleida, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Almería y Málaga.
Según el ministerio público, se trataba de una red de carácter estable, indefinido y jerarquizado, en la que existía un reparto de funciones y una disciplina y control interno. Es en el transporte de la droga donde Rafael Moisés Gil participaba, dado que la droga cultivada y adquirida, junto a armas de fuego, eran distribuidas a ciudades europeas camufladas entre los palets de fruta que proporcionaba el alcalde de Torres Torres.
A través de una sociedad del primer edil del municipio valenciano, destinada a la exportación e importación de productos hortofrutícolas y agropecuarios, la organización exportaba las drogas y las armas camufladas entre palés de frutas y latas de tomate. Varios de los dirigentes de la organización aparecen dados de alta como trabajadores de esta empresa, además de que uno de los líderes de la red es socio de la misma.
Gil, con ánimo de engañar a la Seguridad Social y enriquecer patrimonialmente a otro de los acusados, formalizó diversos contratos con su empresa y este último, a pesar de no prestar ningún tipo de trabajo en la misma, al encontrarse en paradero desconocido para las autoridades españolas al existir contra éste una requisitoria de Lituania para su extradición por varios delitos de tráfico de drogas, según recoge el escrito del fiscal.
También trató de defraudar a Hacienda negociando con un trabajador de una empresa de Malgrat de Mar (Barcelona), dedicada a la compraventa y exportación de frutas, la simulación de una venta para poder así blanquear 500.000 euros.
Asimismo, con la intención de evitar la localización de este individuo, Gil trató de solucionar su situación con un abogado de Madrid y contrató a un criminólogo utilizando su cargo como alcalde para elaborar un informe favorable sobre la vida y entorno del fugado.
Igualmente, con ánimo de obtener un lucro ilícito a costa de lo ajeno y prevaliéndose de su cargo como alcalde, adquirió una serie de prendas deportivas para su uso personal, que abonó inflando las facturas que el Ayuntamiento de Torres Torres pagó por la adquisición de balones y trofeos.
EXPULSADO DEL PSPV
Rafael Moisés Gil se presentó a la alcaldía de Torres Torres como independiente en las listas del PSPV-PSOE y cuando se produjo su detención por este caso, los socialistas procedieron a expulsarle de su grupo municipal, por lo que pasó al de no adscritos.
Fuentes del partido han explicado a Europa Press que el alcalde del municipio valenciano no era militante del PSPV, por lo que la formación no tuvo que hacer expediente interno de expulsión y únicamente tuvieron que hacer que abandonara el grupo municipal.
