VALENCIA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) – El grupo popular en las Corts ha presentado una iniciativa en las Corts Valencianes en la que defienden que el valenciano «no puede ser un requisito excluyente y barrera impeditiva para acceder al empleo público», según ha explicado su portavoz de Justicia, María José Ferrer San-Segundo.
La diputada ha señalado que esta iniciativa «responde a la obstinación del Consell del Botànic por seguir paso a paso la hoja de ruta de la imposición e inmersión programada en educación y en otros ámbitos tanto públicos como privados».
«Desde el PPCV ya recurrimos el decreto de usos lingüísticos ante el TSJCV y nos preocupa mucho esta deriva en la próxima Ley de Función Pública que va a entrar en Les Corts», ha dicho la parlamentaria, que ha indicado que por ello quieren que el Parlamento valenciano se pronuncie, «porque la consellera (Gabriela) Bravo ha cedido a las exigencias de Compromís y el president (Ximo) Puig lo ha alentado y consentido».
Según ha remarcado, el PPCV «seguirá defendiendo a todos los empleados públicos y ciudadanos» que están pidiendo apoyo «al único partido que está actuando ante los tribunales para la defensa de la legalidad, al contrario que otros que se quedan únicamente en las palabras».
La iniciativa señala que «una legislación autonómica que introduzca el reconocimiento de la lengua cooficial como barrera para el acceso o la promoción en la función pública supone una clara discriminación, infracción estatutaria y de otras normas, así como vulneración de los principios selectivos, tanto de acceso como de promoción».
Así, se pide a las Corts que inste al Consell «a respetar que la lengua valenciana no puede ser un requisito excluyente y barrera impeditiva para acceder al empleo público, concursar o promocionar mediante pruebas selectivas, y sí un mérito, salvo en los casos en que lo exijan los requerimientos de las concretas funciones a desarrollar».
También se insta a «garantizar y respetar en el acceso, concursos y promoción, para toda la función pública autonómica, los principios de mérito, acceso y capacidad establecidos en la Constitución Española y en el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre».
Por ello, se reclama que no se lleve a cabo ninguna modificación legislativa «que exija el requisito lingüístico como obligatorio, excluyente, limitativo o condicionante, sin perjuicio de su valoración como mérito, respecto de todos los puestos de empleo público, salvo los casos de exigencia justificada por la función a desempeñar».
Eso sí, precisa, «sin perjuicio de garantizar empleados públicos suficientes para atender el número de ciudadanos que opten legítimamente a que sus relaciones con la Administración sean en idioma valenciano, que como no son el 100% no requieren un 100% de empleados públicos valencianohablantes».
Por último, en la iniciativa se insta al Consell a compatibilizar la aplicación de la Llei d’Ús i Ensenyament «con el derecho que tiene todo ciudadano a actuar ante la Administración de la Generalitat en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunitat».
