VALÈNCIA, 20 Mar.- El Consejo General del Trabajo Social y el Colegio Oficial de Valencia han lamentado que, «más allá de la correcta aplicación de los protocolos de atención», ha habido «un fallo como colectividad al no haber sabido prevenir adecuadamente» el doble crimen de Godella, que acabó con la vida de dos menores, un niño de tres años y medio y una niña de cinco meses, presuntamente a manos de sus padres.
En este sentido recuerdan que los sistemas sanitario, educativo y judicial, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios sociales, la familia, el vecindario y otras organizaciones sociales han tenido «relación con el entorno directo en el cual se desenvolvieron estos niños». Es decir, «la sociedad en su conjunto de forma corresponsable participó en su atención en un momento u otro de sus vidas», han indicado en un comunicado.
Ante esta situación, los trabajadores sociales reclaman un «aumento de la corresponsabilidad social respecto a la atención de situaciones de violencia en general y de violencia hacia la infancia y adolescencia en particular», al tiempo que advierten sobre la «clara insuficiencia de recursos en la proximidad» y piden un «refuerzo» en los servicios sociales de atención primaria.
Desde el colectivo profesional apuntan a la «necesidad de una garantía de continuidad de la atención» y para ello, «la atención social, sanitaria y educativa tienen que actuar de forma sinérgica», mediante el conjunto de los dispositivos de las redes asistenciales y de atención que permita a la ciudadanía transitar por los sistemas de forma fluida y sin disolución de continuidad, señalan.
Los profesionales implicados en la intervención familiar y la atención de situaciones de vulnerabilidad para la infancia y la adolescencia, aseguran sentirse «responsables, como colectivo, de la implementación, desarrollo y mejora constante de los protocolos para atender y prevenir situaciones de riesgo que puedan abocar a la vulneración de derechos de quienes más necesidad tienen de su garantía», y aclaran que «no existen protocolos de riesgo cero, máxime en sistemas garantistas como el que nos hemos dotado».
En todo caso, el Consejo General del Trabajo Social y el Colegio Oficial de Valencia recuerdan que cualquier actuación de Servicios Sociales está sometida al principio general del menor, tal como recoge la nueva Ley de Protección de la Infancia, que regula y define las situaciones de riesgo y desamparo de forma concreta. En este sentido, destacan que la pobreza de padres o tutores ya no es la única causa para determinar la situación de desamparo de los niños.
«INDICIOS CLAROS»
En el caso particular del doble crimen de Godella, las asociaciones que representan las Trabajadoras y Trabajadores Sociales en España y en Valencia recuerdan que «tiene que haber indicios claros para la actuación profesional y del sistema», al tiempo que aseguran que «es evidente la necesidad de reforzar los servicios sociales de atención primaria».
En este sentido, apuntan que «la clara insuficiencia de recursos en la proximidad hace que sea necesario el fortalecimiento de los servicios de apoyo» a las familias, tanto para la prevención como para el acompañamiento en todas las comunidades autónomas, el refuerzo del papel de los municipios en la detección del riesgo y la puesta en marcha de medidas, así como la detección precoz y la activación de los procedimientos de urgencia, y de las actuaciones coordinadas con las comunidades educativas, de servicios sociales y sanitarias.
HISTORIA SOCIAL ÚNICA
Para el Consejo General del Trabajo Social y el Colegio Oficial de Valencia, un instrumento que facilitará las actuaciones es la «historia social única» que se detalla en la nueva Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana.
Esta herramienta que aglutinará el conjunto de la información obtenida en los procesos de intervención social de cada persona usuaria en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, con objeto de conseguir la «máxima integración posible de la documentación social», explican desde el colectivo profesional.
A su entender, la historia social contendrá la «información suficiente» para identificar claramente a las personas usuarias, prescribir la intervención y documentar los resultados con exactitud.
Desde la profesión se reclama la «continuidad en la mejora del desarrollo legislativo iniciada», ya con las recientes Ley de servicios sociales inclusivos y Ley de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, que establecen las bases de nuevos modelos de trabajo, mejores dotaciones de personal y de coordinación interadministrativa y coresponsabilidad social.
INFORMES COMPLETOS
Por su parte, el Ayuntamiento de Godella (Valencia) ha informado de que, siguiendo instrucciones de Alcaldía, se ha procedido a «completar los informes» inicialmente elaborados sobre los hechos ocurridos el pasado día 14 de marzo.
Estos informes, realizados por los diversos departamentos que han intervenido en el caso a lo largo de estos días, han sido «completados» y presentados a Alcaldía, que los remitirá al órgano judicial en el momento sean requeridos.
Dado que está decretado el secreto de sumario, el consistorio no hará manifestaciones y pide «prudencia y rigurosidad en la información que se proporciona a la ciudadanía». Por último, reitera su «pésame a la familia» y recuerda que está «a su disposición para cualquier apoyo que necesiten».
Fuente: Europa Press
