El teniente coronel de la Guardia Civil retirado al que se juzga en València por almacenar grandes cantidades de explosivos de forma ilícita ha asegurado este lunes que «las bombetas que lanzan los niños en Fallas son más peligrosas» que sus materiales, según la catalogación oficial del Ministerio de Industria.
«En caso de iniciación accidental -de estos explosivos- su efecto no sale de la caja en la que van embalados. De hecho, está permitido llenar la bodega de un avión de pasajeros con ellos siempre que cada bulto no supere los 25 kilos. Tres días antes de este problema llevé 15 kilos a La Palma para volar dos rocas. Siempre he notificado a la Administración y nunca he tenido problemas», ha subrayado este procesado ante el juez.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha celebrado este lunes un juicio que había sido suspendido en varias ocasiones por la dificultad para citar a los investigados, que son padre e hijo.
Ambos se enfrentan a dos años de prisión como responsables de un delito de riesgo por materiales que puedan causar estragos y se reclama también que cada uno de los procesados abone una multa de 5.400 euros, así como que quede inhabilitado durante nueve años para ejercer como técnico, encargado, representante o director de ninguna empresa de material pirotécnico o explosivo.
Según detalla el fiscal en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, los procesados adquirían gran cantidad de nitrato potásico, perclorato potásico y magnesio que mezclaban en los talleres de una pirotecnia de Turís (Valencia) antes de trasladar las sustancias elaboradas en bidones metálicos hasta Paiporta.
El local donde almacenaban estos explosivos está rodeado por viviendas en sus cuatro flancos, frente a un parque público y en una de las principales vías de la localidad, subraya el fiscal.
Uno de los procesados poseía el carné de experto en manejo de artefactos pirotécnico y el otro, además de poseer la referida titulación, era un teniente coronel en la reserva que había sido responsable de la Intervención de Armas y Explosivos en la Guardia Civil.
Durante la entrada y el registro practicado en el local el 3 de diciembre de 2020, los agentes se incautaron de gran cantidad de producto elaborado y de material confeccionado para cargas explosivas.
En su declaración ante el juez, los procesados han explicado que han desarrollado su actividad en toda España con los informes, licencias y comunicaciones necesarias tanto al Ministerio de Industria como a la Guardia Civil y a las delegaciones del Gobierno durante al menos nueve años sin ningún problema, puesto que no se requiere vehículo especial ni medidas especiales de conservación para dichos materiales.
Estos materiales eran adquiridos en una empresa de Nules (Castellón), proveedora habitual de los pirotécnicos, según ha declarado el padre, y manipulados -mezclados e introducidos en cápsulas- en talleres de pirotecnia.
Estas cápsulas producen un gas que si se encuentra confinado estalla y es útil en la fractura de rocas u otros terrenos, han detallado los procesados.
«Nuestro producto terminado -las cápsulas- se servían por mensajería o las llevábamos nosotros mismos en una furgoneta de alquiler, no se requiere transporte especial. Las bombetas de Fallas tienen más riesgo que nuestro producto», han señalado.
De hecho, han insistido en que «no hay posibilidad de que detone». «En las demostraciones que hacemos a los clientes cogemos una cápsula de 50 o 100 gramos, echamos la mezcla al suelo y tratamos de incendiarla con un mechero para que vean que no explota. Si aplicamos más calor, con un periódico encendido, por ejemplo, la mezcla genera gases, concretamente dióxido de carbono, un poco de monóxido y sobre todo vapor de agua, que no es inocuo pero casi…».
Uno de los guardias civiles que ha sido citado por la Fiscalía como testigo ha contradicho a los procesados al afirmar que sí que habían tenido sanciones administrativas previas, y ha cifrado en unos 3.100 kilos de perclorato potásico y unos 750 de magnesio los materiales que manejaron en 2019 y 2020.
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