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Procesado por almacenar explosivos: «Las bombetas que se usan en Fallas son más peligrosas»

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Niños en Oviedo encerrados por sus padres en casa

El teniente coronel de la Guardia Civil retirado al que se juzga en València por almacenar grandes cantidades de explosivos de forma ilícita ha asegurado este lunes que «las bombetas que lanzan los niños en Fallas son más peligrosas» que sus materiales, según la catalogación oficial del Ministerio de Industria.

«En caso de iniciación accidental -de estos explosivos- su efecto no sale de la caja en la que van embalados. De hecho, está permitido llenar la bodega de un avión de pasajeros con ellos siempre que cada bulto no supere los 25 kilos. Tres días antes de este problema llevé 15 kilos a La Palma para volar dos rocas. Siempre he notificado a la Administración y nunca he tenido problemas», ha subrayado este procesado ante el juez.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha celebrado este lunes un juicio que había sido suspendido en varias ocasiones por la dificultad para citar a los investigados, que son padre e hijo.

Ambos se enfrentan a dos años de prisión como responsables de un delito de riesgo por materiales que puedan causar estragos y se reclama también que cada uno de los procesados abone una multa de 5.400 euros, así como que quede inhabilitado durante nueve años para ejercer como técnico, encargado, representante o director de ninguna empresa de material pirotécnico o explosivo.

Según detalla el fiscal en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, los procesados adquirían gran cantidad de nitrato potásico, perclorato potásico y magnesio que mezclaban en los talleres de una pirotecnia de Turís (Valencia) antes de trasladar las sustancias elaboradas en bidones metálicos hasta Paiporta.

El local donde almacenaban estos explosivos está rodeado por viviendas en sus cuatro flancos, frente a un parque público y en una de las principales vías de la localidad, subraya el fiscal.

Uno de los procesados poseía el carné de experto en manejo de artefactos pirotécnico y el otro, además de poseer la referida titulación, era un teniente coronel en la reserva que había sido responsable de la Intervención de Armas y Explosivos en la Guardia Civil.

Durante la entrada y el registro practicado en el local el 3 de diciembre de 2020, los agentes se incautaron de gran cantidad de producto elaborado y de material confeccionado para cargas explosivas.

En su declaración ante el juez, los procesados han explicado que han desarrollado su actividad en toda España con los informes, licencias y comunicaciones necesarias tanto al Ministerio de Industria como a la Guardia Civil y a las delegaciones del Gobierno durante al menos nueve años sin ningún problema, puesto que no se requiere vehículo especial ni medidas especiales de conservación para dichos materiales.

Estos materiales eran adquiridos en una empresa de Nules (Castellón), proveedora habitual de los pirotécnicos, según ha declarado el padre, y manipulados -mezclados e introducidos en cápsulas- en talleres de pirotecnia.

Estas cápsulas producen un gas que si se encuentra confinado estalla y es útil en la fractura de rocas u otros terrenos, han detallado los procesados.

«Nuestro producto terminado -las cápsulas- se servían por mensajería o las llevábamos nosotros mismos en una furgoneta de alquiler, no se requiere transporte especial. Las bombetas de Fallas tienen más riesgo que nuestro producto», han señalado.

De hecho, han insistido en que «no hay posibilidad de que detone». «En las demostraciones que hacemos a los clientes cogemos una cápsula de 50 o 100 gramos, echamos la mezcla al suelo y tratamos de incendiarla con un mechero para que vean que no explota. Si aplicamos más calor, con un periódico encendido, por ejemplo, la mezcla genera gases, concretamente dióxido de carbono, un poco de monóxido y sobre todo vapor de agua, que no es inocuo pero casi…».

Uno de los guardias civiles que ha sido citado por la Fiscalía como testigo ha contradicho a los procesados al afirmar que sí que habían tenido sanciones administrativas previas, y ha cifrado en unos 3.100 kilos de perclorato potásico y unos 750 de magnesio los materiales que manejaron en 2019 y 2020.

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Sucesos

17 años y 9 meses de cárcel para el hermano de Antonio Anglés por secuestrar y torturar a un hombre en Valencia

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hermano antonio angles
Un furgón y un coche patrulla de la Guardia Civil. EFE/Manuel Bruque/Archivo

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 17 años y 9 meses de prisión a Mauricio Anglés, hermano de Antonio Anglés, por participar en el secuestro y tortura de un hombre en noviembre de 2021. El condenado, que hace años cambió su identidad, deberá cumplir la pena por los delitos de detención ilegal, lesiones, amenazas, robo con violencia y daños.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia considera acreditada su participación en unos hechos en los que la víctima fue retenida durante varias horas, golpeada y amenazada para exigirle el pago de 200.000 euros.

Junto a Mauricio Anglés han sido condenados otros cinco hombres, con penas similares. El tribunal considera que las pruebas aportadas durante el juicio fueron «plurales, objetivas e idóneas» para desvirtuar la presunción de inocencia.

El secuestro se produjo en Valencia en noviembre de 2021

Los hechos ocurrieron el 29 de noviembre de 2021, después de varios días de seguimientos a la víctima y de preparativos.

Según recoge la sentencia, los condenados se coordinaron con otras personas no identificadas para capturar al hombre y reclamarle una importante cantidad de dinero.

Los implicados prepararon dos furgonetas y esperaron a la víctima en el Camí Canyada de Roquet. Cuando pasó por la zona, bloquearon su vehículo colocando una furgoneta delante y otra detrás.

Varias personas con ropa oscura, pasamontañas y guantes bajaron de los vehículos y le apuntaron con armas de fuego para obligarle a salir de su coche.

Uno de los integrantes rompió una de las ventanillas y sacó a la víctima por la fuerza. A continuación, varios de los asaltantes comenzaron a golpearle por todo el cuerpo.

Lo trasladaron a una nave de Catarroja

Los agresores introdujeron al hombre en una de las furgonetas, donde lo esposaron, y se desplazaron hasta Catarroja, a una nave que en la investigación aparece identificada como una «cuadra».

La víctima permaneció durante horas dentro del vehículo, herida y engrilletada. Los condenados le quitaron la ropa y sus pertenencias y comenzaron a exigirle 200.000 euros a cambio de su libertad.

Ante la respuesta de la víctima, que aseguraba no disponer de esa cantidad, los secuestradores fueron reduciendo progresivamente el dinero que reclamaban.

Golpes, amenazas y torturas para exigirle dinero

Durante las horas que permaneció retenido, la víctima fue sometida a una violencia extrema.

Según la sentencia, los agresores le golpearon de forma continuada y utilizaron cadenas para azotarle. También le amenazaron con hacer daño a su mujer y a su hijo, al que sabían que llevaba a un colegio privado.

Los secuestradores llegaron a amenazarle con cortarle un dedo. Con unas tenazas le provocaron un corte en un dedo y otro en una oreja, además de clavarle una navaja en uno de los muslos.

La víctima insistía en que no tenía los 200.000 euros reclamados, aunque explicó que podía entregarles 2.000 euros en efectivo que tenía en su domicilio.

Los agresores continuaron golpeándole y amenazándole hasta provocarle un estado de semiinconsciencia. Según recoge la resolución judicial, fue quemado con brasas y le arrojaron un líquido sobre el cuerpo para comprobar si reaccionaba.

Los secuestradores abandonaron a la víctima en Paiporta

Finalmente, los condenados llegaron a la conclusión de que no conseguirían obtener el dinero que buscaban.

La víctima fue liberada y trasladada en la furgoneta hasta Paiporta, donde fue abandonada alrededor de las 22.00 horas.

Los móviles y las cámaras fueron claves para identificar a los acusados

La Audiencia Provincial de Valencia ha destacado el peso de las pruebas tecnológicas utilizadas durante la investigación.

Entre ellas se encuentran los datos obtenidos de teléfonos móviles, las grabaciones de cámaras de seguridad y los registros de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los investigadores pudieron relacionar los teléfonos atribuidos a los acusados con los movimientos realizados durante los días previos y el día del secuestro.

La sentencia también destaca el histórico de geolocalización de una de las furgonetas utilizadas y las imágenes de diferentes cámaras de seguridad.

La defensa de Mauricio Anglés negó su participación

Durante el juicio, Mauricio Anglés negó los hechos y sostuvo que la tarde del secuestro había estado en una bolera y posteriormente en una discoteca.

El tribunal, sin embargo, considera que el conjunto de las pruebas practicadas permite acreditar la participación de los condenados.

La Audiencia también señala que los acusados mantenían algún tipo de relación entre ellos y con determinados vehículos que fueron utilizados para realizar seguimientos a la víctima.

La sentencia añade que varios de los condenados también tuvieron relación con una cuadra que reunía características compatibles con el lugar utilizado durante el secuestro, tanto por su ubicación como por sus accesos.

17 años y 9 meses de prisión

Mauricio Anglés ha sido condenado finalmente a 17 años y 9 meses de cárcel por los delitos de detención ilegal, lesiones, amenazas, robo con violencia y daños.

El condenado es uno de los hermanos de Antonio Anglés, señalado como uno de los principales sospechosos por el triple crimen de Alcàsser y desaparecido desde 1993.

La condena dictada ahora por la Audiencia Provincial de Valencia corresponde a unos hechos ocurridos casi tres décadas después del caso Alcàsser y está relacionada exclusivamente con el secuestro cometido en noviembre de 2021.

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