Las derivadas del ‘Caso Koldo llegan a València. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado un nuevo informe ante el Tribunal Supremo donde afirma que Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, logró que empresas implicadas en la presunta trama de cobro de comisiones contrataran tanto a él como a su entonces esposa, Patricia Uriz, sin que realizaran actividad laboral alguna.
Según la UCO, estos contratos habrían sido «contraprestaciones» vinculadas a adjudicaciones otorgadas por el Ministerio de Transportes, y se produjeron tras la salida de García, su mujer y su hermano del Ministerio, momento en el que dejaron de percibir ingresos públicos.
Pagos mensuales de hasta 2.600 euros a través de empresas constructoras
El papel del empresario valenciano Juan Carlos Etero
El informe detalla que entre diciembre de 2022 y junio de 2023, LIC (una de las constructoras investigadas) pagó 2.600 euros mensuales netos a Koldo García a través del empresario valenciano Juan Carlos Etero. Este le dio de alta en la Seguridad Social y le abonaba la nómina, que luego era compensada por LIC a Etero.
“Este empresario habría simulado la contratación de Koldo”, subraya la UCO.
En abril de 2023, Etero le exigió a Koldo el pago pendiente por parte de LIC. Ante los impagos, expresó su malestar:
“Yo no voy a tener tirados 18.000 euros en la calle”.
“Mamón, ¿el ingreso mensual se terminó?”, escribió Koldo en una nota el 19 de junio de 2023, según recoge el informe.
Ese mismo mes, finalizó la canalización de pagos a Koldo por parte de LIC a través de Etero.
Contratación de Patricia Uriz sin función laboral
La UCO también documenta que la empresa Áridos Anfersa, vinculada a OPR, contrató a Patricia Uriz, esposa de Koldo, por 1.300 euros netos al mes entre septiembre de 2022 y junio de 2023.
“No habría desarrollado actividad laboral alguna”, indica el informe.
El origen de esta contratación se remonta a una conversación de febrero de 2022 entre Koldo y Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, en la que Koldo expresa su preocupación por la situación económica de su esposa:
“Pati lo lleva mal. Después de 8 meses, la situación se complica. He pedido un favor, que la contraten, y me han dicho que sí”.
Koldo también pidió empleo para otra mujer “cercana” en una empresa pública de Valencia
El informe de la Guardia Civil también revela que Koldo solicitó la contratación de otra mujer, identificada como Nicoleta, con quien mantenía una relación “cercana”. En una conversación con Cerdán en febrero de 2022, el exasesor pidió ayuda para que fuera contratada en alguna empresa u organismo en Valencia:
“No solo hay que valer para follar. Ella la pobre está en el paro. Se quiere ir a vivir a Valencia… ¿Hay alguna fórmula?”, le planteó a Cerdán.
En septiembre de ese mismo año, Nicoleta fue contratada por la empresa pública Emfesa. El informe recoge que, menos de dos horas después de recibir el aviso de contratación, envió a Koldo una captura del correo con las condiciones del contrato.
Koldo admitió no poder seguir entregando dinero a Ábalos
Según detalla la UCO, en una conversación fechada el 23 de noviembre de 2023, Koldo le explicó a José Luis Ábalos que ya no podía entregarle dinero para pagar la pensión, porque Ruz (socio de LIC) había dejado de abonarle los 1.100 euros mensuales que venía recibiendo.
Este episodio pone de relieve la presunta estructura económica paralela articulada entre García, su entorno y determinadas empresas adjudicatarias de obra pública, así como los vínculos personales y políticos que sustentaban estas relaciones.
Una trama de favores, nóminas ficticias y tráfico de influencias
El nuevo informe de la Guardia Civil refuerza la hipótesis de que Koldo García se habría beneficiado económicamente de su posición y sus contactos políticos, mediante nóminas ficticias, intermediación con empresarios como el valenciano Juan Carlos Etero, y la colocación de personas de su entorno en empresas vinculadas al sector público.
Las diligencias apuntan a una red de intercambio de favores, tráfico de influencias y posible malversación, que continúa bajo investigación judicial en el Tribunal Supremo.
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