Valencia, 4 oct (OFFICIAL PRESS – EFE). La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado acciones legalesy que llegarán «hasta el final» si la ampliación norte del puerto de la ciudad se paralizara por una voluntad política y no por cuestiones técnicas.
Catalá afirma de que llegarán «hasta el final» si la ampliación norte del puerto se paraliza
A preguntas de los periodistas en la asamblea de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Catalá ha sido muy clara. La alcaldesa ha reiterado que las administraciones valencianas van a «ir a una» y «no» van «a tolerar» que ERC y Junts pidan que se paralice el proyecto a cambio de su apoyo a una posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Catalá ha reiterado que están «preocupados» ante esa posibilidad y ha recordado que en la anterior legislatura «se quedó paralizada la autorización en el Consejo de Ministros y sabemos que era por motivos políticos y no técnicos».
«En este momento, tenemos una sospecha muy clara de que ERC y Junts están poniendo esta cuestión por delante en la posible investidura de Pedro Sánchez», ha añadido. Ha asegurado que sus fuentes «tienen credibilidad».
«No vamos a tolerar ser moneda de cambio porque un grupo minoritario separatista quiera mermar las posibilidades de Valencia en beneficio del puerto de Barcelona», ha sostenido. Ha pedido que «compitan en igualdad de condiciones, que si se invierte en el puerto de Barcelona, se invierta en el de Valencia. Además, si se autoriza la amplicación en Barcelona, se autorice también en Valencia».
A su juicio es «fuerte y grave» que se pueda «someter al pueblo valenciano a deseos de un grupo minoritario político para una investidura».
Ha explicado que la Generalitat, las Diputaciones y los ayuntamientos trabajan conjuntamente. Afirman que van a estar «muy pendientes de que se cumpla la tramitación oficial y si no, valoraremos cualquier iniciativa o acción».
«Si se paraliza por motivos políticos y no técnicos , valoraremos cualquier acción legal. Vamos a llegar hasta el final. Las administraciones no pueden boicotear un proyecto de infraestructuras por voluntad política, y si lo hacen, podrían prevaricar», ha concluido.
