València, 11 dic.- La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha denunciado que el gerente de la EMT ha contratado «a dedo» por 25.000 euros, sin concurso público y sin contar con la aprobación del consejo de administración, los servicios de un bufete de abogados que lleva causas vinculadas con el procés.
Así lo ha indicado al ser preguntada por la decisión del consejo de administración de la EMT de retrasar acudir al Tribunal de Cuentas y al Banco de España en el caso del fraude de más de 4 millones sufrido por la empresa pública, una actitud que ha considerado «totalmente irresponsable».
«Es impropio de un gobierno serio y responsable al que han estafado, no emplear todos los mecanismos oportunos para tratar de recuperar y depurar responsabilidades de lo que ha sido la primera estafa del CEO que se ha producido en una empresa pública de toda España», ha añadido.
Catalá ha respondido así a preguntas de los periodistas tras la reunión que ha mantenido junto a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y la vicesecretaria general de Política Social del PP, Cuca Gamarra, con representantes del sector educativo de las escuelas concertadas e infantiles.
Respecto al contrato del nuevo despacho ha indicado que «se ha hecho saltándose las Instrucciones de Contratación de la EMT que remiten a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público que establece que los contratos de servicios superiores a los 15.000 euros no podrán adjudicarse sin un concurso público abierto».
Esta contratación de abogados a dedo por valor de 25.000 euros se suma a la realizada por más de 28.000 euros en los despachos de letrados chinos para tratar de recuperar el dinero sustraído, por lo que hasta el momento, la EMT lleva gastados más de 50.000 euros.
Ha considerado que esa cifra podría triplicase si la empresa decide perseguir el dinero robado que se ha dividido hasta por una treintena de empresas o corporaciones asiáticas.
Catalá ha criticado que ambos despachos, tanto el del exsecretario del consejo, Martínez Tarín, que ha recordado, es socio del cuñado del alcalde, Joan Ribó, como el del bufete catalán contratado ahora, han emitido informes en contra de que la EMT se persone en el Tribunal de Cuentas y el Banco de España.
La portavoz popular ha informado que este miércoles han conocido la oferta de servicios que hizo el nuevo abogado contratado y ha advertido que los 25.000 euros «es un primer pago que se hace efectivo y que se continuará desarrollando este contrato mercantil».
«No solo unos estafadores han estafado al Ayuntamiento de Valencia, da la sensación de que los dirigentes políticos nos están estafando a los demás con su mala práctica, su mala praxis y su mala gestión de los recursos públicos», ha apuntado.
Catalá ha pedido que el PSPV, socio de Compromís en el gobierno municipal, «fuerce de forma inmediata y sin demoras que la institución Administración de València se persona y denuncie en el Tribunal de Cuentas la estafa de la EMT y sobre todo en el Banco de España».
Además, ha reclamado que se persiga este caso para «recuperar el dinero de los valencianos» y que «se asuman responsabilidades políticas por el mal uso del dinero público, por la mala gestión de la crisis de la estafa y por todo lo que estamos conociendo».
Por su parte, los abogados de EMT Valencia han explicado este martes en su comparecencia ante el Consejo de Administración de la sociedad han descartado que haya responsabilidad penal y contable por parte de los directivos y de los administradores de la sociedad en el fraude de 4 millones al no haber una conducta dolosa.
Los abogados también consideran que es prematuro enviar una comunicación al Banco de España sobre el fraude contra la EMT hasta que no se practiquen las diligencias previstas por el juzgado de instrucción número 18 de Valencia, han informado fuentes de la EMT.
EFE
