Este viernes ‘El Mundo’ ha publicado una circular interna que el Ayuntamiento de València ha enviado a servicios sociales indicando que «en ningún caso se puede proceder a facilitar información o efectuar declaración alguna ante los medios de comunicación audiovisual o escritos, en representación del Ayuntamiento de Valencia o en calidad de funcionario o funcionaria municipal».
El alcalde de València, Jon Ribó ha sido preguntado esta mañana sobre este caso, que ha generado mucho malestar entre los funcionarios, y ha asegurado que «no va en contra de la libertad de expresión, sino a favor de unificar un mensaje de una entidad determinada. El derecho a la liberad de expresión es un derecho constitucional y toda persona, sea funcionario sea alcalde o sea lo que sea, tiene derecho a expresar su opinión donde quiera y como quiera; eso es un tema clarísimo».
Pero también ha admitido que «lo que no puede hacer un trabajador en cualquier empresa es expresar su opinión como si hablara en nombre de la empresa o de la concejalía». «No va en contra de la libertad de expresión, sino a favor de unificar un mensaje de una entidad determinada como ocurre con cualquier empresa de cualquier sitio. Cualquier relación con la libertad de expresión es intentar buscar caminos que no se ajustan a la realidad».
Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, se ha referido a este tema y ha reclamado que se retire la que ha calificado como «instrucción mordaza, que prohíbe a los trabajadores de Servicios Sociales hablar con la prensa».
El grupo ‘popular’ va a preguntar a las comisiones de Participación y Bienestar Social «si la orden partió de la propia concejala o del alcalde de la ciudad Ribó». También si se ha cursado «la misma instrucción mordaza a los trabajadores y funcionarios del resto de concejalías».
