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El Ayuntamiento de València prohíbe a servicios sociales hablar con los medios de comunicación

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Este viernes ‘El Mundo’ ha publicado una circular interna que el Ayuntamiento de València ha enviado a servicios sociales indicando que «en ningún caso se puede proceder a facilitar información o efectuar declaración alguna ante los medios de comunicación audiovisual o escritos, en representación del Ayuntamiento de Valencia o en calidad de funcionario o funcionaria municipal».

El alcalde de València, Jon Ribó ha sido preguntado esta mañana sobre este caso, que ha generado mucho malestar entre los funcionarios, y ha asegurado que «no va en contra de la libertad de expresión, sino a favor de unificar un mensaje de una entidad determinada. El derecho a la liberad de expresión es un derecho constitucional y toda persona, sea funcionario sea alcalde o sea lo que sea, tiene derecho a expresar su opinión donde quiera y como quiera; eso es un tema clarísimo».

Pero también ha admitido que «lo que no puede hacer un trabajador en cualquier empresa es expresar su opinión como si hablara en nombre de la empresa o de la concejalía». «No va en contra de la libertad de expresión, sino a favor de unificar un mensaje de una entidad determinada como ocurre con cualquier empresa de cualquier sitio. Cualquier relación con la libertad de expresión es intentar buscar caminos que no se ajustan a la realidad».

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, se ha referido a este tema y ha reclamado que se retire la que ha calificado como «instrucción mordaza, que prohíbe a los trabajadores de Servicios Sociales hablar con la prensa».

El grupo ‘popular’ va a preguntar a las comisiones de Participación y Bienestar Social «si la orden partió de la propia concejala o del alcalde de la ciudad Ribó». También si se ha cursado «la misma instrucción mordaza a los trabajadores y funcionarios del resto de concejalías».

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El Congreso tumba los dos decretos de vivienda del Gobierno tras el rechazo de PP, Vox y Junts

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ley del alquiler
Vivienda en alquiler ARCHIVO OFFICIAL PRESS

El Congreso de los Diputados ha rechazado los dos reales decretos-ley de vivienda sometidos a convalidación en el pleno extraordinario celebrado este viernes. Al no obtener la mayoría necesaria, las normas no han sido convalidadas por la Cámara.

El efecto jurídico concreto sobre cada medida depende del contenido de los decretos y de su eventual tramitación parlamentaria. En términos generales, cuando un real decreto-ley no es convalidado, deja de producir efectos conforme a lo previsto en la Constitución y en la normativa aplicable, sin perjuicio de las situaciones jurídicas generadas durante el periodo en el que estuvo vigente.

El Congreso no convalida los dos decretos de vivienda

El primer decreto ha sido rechazado por 178 votos frente a 172. En la segunda votación, el resultado ha sido de 184 votos en contra y 166 a favor.

PP, Vox, Junts y UPN han votado en contra de los dos textos. En el segundo decreto también se han opuesto otras formaciones, entre ellas el PNV y Coalición Canaria, según el resultado de la votación comunicado tras el pleno.

La falta de convalidación impide que ambos reales decretos-ley continúen aplicándose como normas de urgencia en los términos en los que fueron aprobados. No obstante, la consecuencia sobre contratos, procedimientos judiciales o situaciones iniciadas durante su vigencia debe determinarse conforme a las disposiciones transitorias, al contenido de cada decreto y a la interpretación de los órganos competentes.

Junts mantiene su rechazo a los decretos

El voto de Junts ha contribuido a que el Gobierno no alcanzara la mayoría necesaria para convalidar los textos. La formación catalana había reclamado la retirada de los decretos y la elaboración de una nueva propuesta que permitiera negociar las medidas de vivienda.

Junts ha cuestionado parte del contenido de las normas y ha defendido la necesidad de introducir modificaciones antes de plantear una nueva votación parlamentaria.

El Gobierno decidió mantener el debate y someter ambos reales decretos-ley a la consideración del pleno para su convalidación.

¿Qué medidas dejan de estar vigentes?

La no convalidación afecta a las medidas incorporadas específicamente en los dos reales decretos-ley, entre ellas las disposiciones sobre protección de determinados hogares vulnerables frente a procedimientos de desahucio y las previsiones relativas a la duración o prórroga extraordinaria de algunos contratos de alquiler.

También quedan afectadas las restantes modificaciones normativas incluidas en esos textos sobre vivienda y arrendamientos. Sin embargo, no desaparece toda la regulación estatal sobre estas materias: continúan vigentes las normas anteriores que no hayan sido modificadas o sustituidas por los decretos rechazados.

La aplicación práctica de la pérdida de vigencia puede variar según la medida concreta, la fecha en la que se inició cada procedimiento y las reglas transitorias previstas. Por ello, el rechazo parlamentario no permite afirmar automáticamente que todos los contratos o procedimientos afectados vuelvan a la situación anterior en idénticos términos.

El Gobierno deberá valorar nuevas iniciativas

El rechazo de los decretos obliga al Ejecutivo a valorar si presenta nuevas iniciativas legislativas y qué cambios introduce para intentar obtener una mayoría suficiente en el Congreso. Cualquier nueva medida deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente y no tendrá efectos hasta su aprobación y entrada en vigor.

La vivienda continúa en el centro del debate político por la evolución de los precios del alquiler, la disponibilidad de viviendas y las dificultades de acceso para determinados colectivos.

La votación deja pendiente la negociación entre el Gobierno y los grupos parlamentarios sobre la protección de los hogares vulnerables, la regulación de los arrendamientos y el resto de medidas incluidas en los decretos que no han sido convalidados.

El Gobierno abre la puerta a un adelanto electoral si decaen los decretos de vivienda

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