La sede, valorada en 10 millones de euros, podría salir a subasta pública
Un tribunal de Países Bajos ha ordenado el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht debido a un impago del Estado español superior a 100 millones de euros relacionado con ayudas a energías renovables.
La decisión judicial responde a una reclamación de Eurus, filial energética del grupo japonés Toyota, en el marco de los litigios internacionales abiertos tras los recortes retroactivos a las primas renovables aprobados por España en la pasada década.
Un conflicto internacional por las renovables
El caso forma parte de una serie de disputas legales entre el Estado español y varios inversores internacionales afectados por los cambios regulatorios en el sector energético. Diversos tribunales de arbitraje han fallado en contra de España, obligándole a pagar indemnizaciones millonarias.
Ante el impago, los acreedores están intensificando las acciones legales para recuperar su dinero, incluyendo la solicitud de embargo de activos estatales en el extranjero.
Por qué se embarga el Instituto Cervantes
El tribunal holandés considera que el edificio del Instituto Cervantes en Utrecht es un bien patrimonial del Estado español susceptible de embargo. A diferencia de embajadas y consulados, que cuentan con inmunidad diplomática, este tipo de propiedades culturales no están protegidas bajo las mismas normas.
Un edificio emblemático en el centro de Utrecht
La sede afectada se encuentra en una ubicación privilegiada, frente a la catedral y la torre Dom de Utrecht. El inmueble, construido en 1913 como iglesia reformada, fue adquirido por España en 1972 y posteriormente rehabilitado en 1992 para su uso como centro cultural.
Actualmente, el edificio cuenta con siete aulas, un salón de actos con capacidad para 120 personas y una biblioteca de 150 metros cuadrados. Además, el Instituto Cervantes alquila sus instalaciones para eventos, una actividad que podría verse afectada por el embargo.
Posible subasta del inmueble
El inmueble está valorado en aproximadamente 10 millones de euros y podría ser subastado públicamente si la deuda no se salda. Esta situación supone un nuevo revés para la imagen internacional de España y evidencia la presión creciente de los acreedores.
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