España esta previsto que presente esta semana junto a Portugal una propuesta a la Comisión Europea para intervenir el mercado eléctrico, estableciendo un tope al precio del gas que se utiliza para producir electricidad (en torno a los 50 euros por megavatio hora), incluir la diferencia del coste real de las centrales de gas como coste del sistema eléctrico y fijar una doble cotización con un precio diferente para la electricidad que se vende a Francia a través de las interconexiones. De esta manera, el Ejecutivo prevé que Bruselas se pronuncie sobre su propuesta en tres o cuatro semanas, y lo que significa que hasta entonces no se podría aplicar esta reforma y no se notará en el recibo de luz de hogares y empresas con una rebaja sustancial.
Pero el Gobierno sí que aplica de manera urgente sin esperar a ese ok de la Comisión Europea gracias a un recorte de los cargos que se incluyen en el recibo, a cuenta de los ingresos extraordinarios millonarios que se descontará de una parte de las plantas de energías renovables en las próximas semanas. Se trata de las instalaciones del régimen retributivo específico de renovables, cogeneración y residuos (Recore), las que antes de recibían ayudas en forma de primeras por su producción y que ahora cuentan con una rentabilidad garantizada ligada a la inversión realizada.
A estas plantas de renovables y cogeneración se les garantiza una rentabilidad del 7,1% durante 25 años (para algunas esa garantía asciende al 7,4% si renunciaban a presentar pleitos contra el Gobierno) y cada cada tres ejercicios se ajusta los ingresos realmente recibidos con los asegurados por el sistema eléctrico. Al final del periodo ésa será la rentabilidad que obtendrán las instalaciones energéticas, pero cada trienio se calcula los ingresos para adaptarlos.
A principios de 2023, tocaba el próximo ajuste pero el Gobierno adelantará el cálculo un año para que esos ingresos extra de las renovables del Recore puedan ser utilizados para cubrir costes del sistema eléctrica y conseguir rebajar la factura de luz de los clientes. El Gobierno ya había sellado un preacuerdo al respecto con las asociaciones empresariales del sector de las renovables.
Rebaja de los cargos
1.800 millones de euros de esos ingresos extra de las renovables calcula el Gobierno que rescatará correspondientes a la sobre retribución de los ejercicios 2020 y 2021, en un procedimiento de liquidación adelantada que se producirá formalmente en las próximas semanas. Unos fondos liberados que se utilizarán de manera inmediata para bajar los cargos que se incluyen en el recibo de la luz que pagan todos los clientes. Los cargos regulados del recibo (que suponen un coste neto en el recibo de unos 4.800 millones de euros este año) sirven para pagar las primas a las renovables, los sobrecostes de los territorios extrapeninsulares o el pago de la deuda del sistema eléctrico.
Los cargos aprobados por el Gobierno para este año ya incluían una rebaja de en torno a un 30% en relación a la media de cargos del conjunto de 2021 (incluidos los ocho meses y medio de cargos normales y los tres meses y medio de drástica rebaja extraordinaria del 96%). Con la nueva rebaja que pretende hacer el Ejecutivo ahora ese recorte alcanzará el 55%. Un recorte que, según las estimaciones del Gobierno, supondrá una rebaja de 6 euros en la factura mensual de un consumidor medio.
Otras medidas
-El Gobierno amplía el alcance de los recortes a las eléctricas para evitar beneficios extraordinarios provocados por la subida de los precios energéticos. El macrodecreto incluye una revisión del sistema de minoración de los ingresos extra que algunas compañías están obteniendo en pleno caos de precios y, con el aval de la Unión Europea, para incluir también los nuevos contratos que se firmen a precios altos.
El Gobierno diseñó el pasado septiembre un sistema que obligaba a nucleares, hidroeléctricas y algunas renovables a devolver los ingresos extraordinarios que supuestamente estaban obteniendo al vender su electricidad a los precios desorbitados del mercado mayorista (un encarecimiento que se deben al alza del gas y los derechos de emisión de CO2, que son coste que estas tecnologías no soportan).
Sin embargo, el Gobierno acabó matizando esos recortes a las eléctricas y aprobó una nueva norma para permitir que las compañías que demostrasen que estaban vendiendo su electricidad con contratos a plazo y con precios estables, no tendrían que devolver nada. Las grandes eléctricas tienen que demostrar a Red Eléctrica -el operador del sistema eléctrico- y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que sus contratos no aplican los precios disparados del mercado. Con ello, el impacto quedó muy diluido.
Con esta nueva revisión, el Gobierno incluye todos los nuevos contratos que las compañías firmen a partir de ahora y también las revisiones o actualizaciones de los contratos suscritos actualmente, siempre que el precio del suministro de la electricidad supere los 67 euros por megavatio hora (MWh). Por encima de ese tope, que es el que el Gobierno considera precio razonable, las compañías serán penalizadas y tendrán que devolver el sobreprecio al considerar que están interiorizando ese precio disparado del gas cuyo coste no soportan en su actividad.
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado prolongar estas medidas de minoración hasta el 30 de junio para conseguir unos fondos gracias a los recortes que se destinarán a rebajar los cargos incluidos en la factura eléctrica, que sirven para pagar costes ligados a la política energética como las retribuciones a las renovables, la deuda del sistema o los costes adicionales de los territorios extrapeninsulares. El Gobierno no contempla una estimación concreta de recaudación por esta vía, depende de cuál sea la reacción de las compañías. «O recaudamos más vía minoración si las empresas presentan ofertas altas; o conseguimos que las ofertas vayan siendo más competitivas», apuntan fuentes gubernamentales.
-El Gobierno también ampliará hasta el 30 de junio las rebajas de impuestos incluidos en la factura eléctrica: se mantiene así el recorte del IVA del recibo de luz (del 21% al 10%), el impuesto especial de la electricidad (del 5,1% al mínimo legal del 0,5%) y del impuesto del 7% a la producción eléctrica (dejándolo a cero).
Se aplicará a 600 empresas, para dar apoyo a la gran industria electrointensiva, una compensación del 80% de los cargos que pagan con su factura eléctrica y se elevarán las compensaciones por la emisión de CO2, con ayudas por un importe total de unos 500 millones de euros. Y se incluye un sistema de ayudas directas a las compañías de consumo intensivo de gas por 125 millones de euros.
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