Una reciente encuesta revela que la ciudadanía valenciana otorga una calificación negativa al Consell presidido por Carlos Mazón, apenas siete meses después de su toma de posesión. Los resultados indican un descenso significativo en la valoración del gobierno autonómico, especialmente tras la gestión de la DANA que afectó a la Comunitat Valenciana.
Descontento generalizado con la gestión del Consell
Según un sondeo realizado por la SER y El País, el 89% de los ciudadanos considera que el presidente Carlos Mazón ha sido el más ineficaz en la gestión de la crisis provocada por la DANA. Este descontento se refleja en una pérdida de confianza en las instituciones públicas, con un 60% de los encuestados manifestando su desencanto. Incluso entre los votantes del Partido Popular, se observa un notable desencanto con la gestión del actual gobierno autonómico.
Impacto en la intención de voto
La percepción negativa del Consell ha tenido repercusiones en la intención de voto. El Partido Popular ha experimentado una caída en las encuestas, mientras que partidos como Vox, PSPV y Compromís han visto incrementada su popularidad. Este cambio en la intención de voto sugiere un posible reequilibrio en el panorama político valenciano.
Factores que influyen en la valoración negativa
La gestión de la DANA no es el único factor que ha influido en la valoración negativa del Consell. La ciudadanía también ha expresado su preocupación por la falta de preparación ante futuros eventos climáticos extremos y la percepción de que España no está bien preparada para afrontarlos. Además, la difusión de bulos y la desinformación durante la crisis han contribuido al descontento generalizado.
Conclusión
La valoración negativa del Consell de Carlos Mazón tras siete meses de gestión refleja un descontento creciente entre la ciudadanía valenciana. La gestión de la DANA, la pérdida de confianza en las instituciones y la preocupación por la preparación ante futuros eventos climáticos son factores clave que han influido en esta percepción. Este escenario plantea desafíos significativos para el gobierno autonómico en su intento por recuperar la confianza de la población.
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