La huelga de los funcionarios de justicia se endurece y anuncian más paros.
El comité de huelga de los funcionarios de la administración de Justicia ha anunciado en rueda de prensa seis nuevas jornadas de paro para aumentar la presión hacia el Ministerio de Justicia, al que reclama una oferta de aumento salarial, y ha pedido formalmente la dimisión de la ministra, Pilar Llop.
Huelga funcionarios justicia
Desde este miércoles quedan suspendidos los paros diarios entre las diez de la mañana y la una de la tarde que los funcionarios mantienen desde el 17 de abril y, en su lugar, se realizarán huelgas de jornada completa los días 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo, así como una concentración el jueves de la próxima semana frente al Ministerio.
Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT trasladarán en los próximos días una «petición formal» de dimisión de Pilar Llop al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la pondrán en conocimiento de los grupos parlamentarios, según ha explicado el responsable de Justicia de CCOO, Luis Calero, quien ha acusado al Ministerio de «inutilidad manifiesta».
A este paro de los funcionarios se ha sumado la amenaza de las últimas horas de jueces y fiscales de iniciar una huelga indefinida a partir del 16 de mayo.
QUÉ PIDEN LOS FUNCIONARIOS
Los sindicatos piden que se reconozcan, legal y retributivamente, las «funciones reales» de los trabajadores de juzgados y tribunales, una reivindicación que se remonta a «hace más de veinte años», pero que ha «resurgido» tras el acuerdo del Gobierno con los letrados.
«La tramitación de los procedimientos judiciales está en manos de estos funcionarios, por mucho que la ley establezca que quien tramita es el cuerpo de letrados de la administración de Justicia», ha afirmado Fernández (STAJ).
Por ello, reclaman una subida de sueldo de entre 350 y 400 -dependiendo de la categoría profesional- para los cuerpos generales y especiales, un total de 45.000 funcionarios que representan el 93 % de la plantilla de la administración de Justicia.
Asimismo, los sindicatos piden la paralización, hasta que se negocie con ellos, de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que supone «una profunda transformación» del servicio público de justicia.
