La Generalitat Valenciana ha ordenado el cese de la actividad de Huize Soria, un centro situado en el entorno rural de Aspe (Alicante) que durante alrededor de dos décadas ha acogido a menores neerlandeses con problemas de conducta. La decisión se produce después de una investigación sobre los métodos utilizados con los adolescentes y tras constatar que la instalación no disponía de la autorización administrativa necesaria para funcionar como centro de servicios sociales.
El centro se encuentra en el foco de la polémica después de que una investigación de la televisión pública neerlandesa y posteriores informes recogieran denuncias sobre supuestos castigos, restricciones y medidas consideradas coercitivas contra algunos de los menores. Entre las prácticas denunciadas figuran la reducción de comida como castigo, inmovilizaciones físicas y jornadas de actividades de hasta seis horas.
Denuncias de castigos y jornadas de trabajo
Las primeras denuncias conocidas se remontan al menos a 2021, cuando cinco jóvenes acudieron al Defensor del Menor de Ámsterdam para explicar las condiciones que, según sus testimonios, habían vivido durante su estancia en Huize Soria.
Posteriormente se encargó una investigación independiente a petición de organizaciones asistenciales neerlandesas. Sus conclusiones describieron una “cultura represiva” en el centro y cuestionaron algunas de las medidas restrictivas aplicadas a los jóvenes.
Entre las prácticas denunciadas aparecen la reducción de la cantidad de comida, obligar a algunos jóvenes a permanecer sentados sobre un poste y actuaciones físicas para inmovilizarlos. También se han denunciado restricciones para mantener conversaciones privadas con familiares o tutores y el uso intimidatorio de un perro de seguridad.
Los jóvenes también describieron jornadas de hasta seis horas realizando tareas como retirar malas hierbas, cavar zanjas, plantar árboles o cepillar caballos. El centro defendía estas actividades como parte de su programa basado en el trabajo, la disciplina, el contacto con la naturaleza y el cuidado de animales.
La Generalitat detecta que el centro no tenía autorización
La investigación también puso el foco en la situación administrativa de Huize Soria. La Conselleria de Servicios Sociales envió a su servicio de inspección para comprobar qué actividad se desarrollaba en las instalaciones y requirió a los responsables la documentación necesaria para acreditar su funcionamiento.
La Generalitat constató que Huize Soria no constaba como centro autorizado para prestar servicios sociales, según la información publicada sobre la inspección. Ante esta situación, la Administración valenciana ha ordenado el cese de la actividad y contempla las actuaciones administrativas y legales que correspondan si no se cumple la orden.
Un centro con 20 años de actividad en Aspe
Huize Soria llevaba aproximadamente 20 años vinculado a Aspe y por sus instalaciones habrían pasado alrededor de 265 menores neerlandeses.
El proyecto estaba dirigido a adolescentes con problemas de conducta y, en algunos casos, con antecedentes relacionados con adicciones. Las estancias podían prolongarse entre uno y dos años y el programa combinaba disciplina, actividad física, contacto con animales y tareas en el entorno rural.
El centro también había establecido vínculos con colectivos de la localidad. Según la información publicada, la finca había colaborado con asociaciones de personas con diversidad funcional y con alumnos del IES Villa de Aspe, que acudían a las instalaciones para realizar actividades con los menores y los animales.
El Ayuntamiento de Aspe ha señalado que durante las últimas dos décadas no había tenido conocimiento de problemas graves relacionados con el funcionamiento de Huize Soria y que los incidentes que habían trascendido estaban relacionados principalmente con cuestiones disciplinarias o alguna fuga.
Huize Soria rechaza las acusaciones
La dirección de Huize Soria rechaza las acusaciones sobre sus métodos y defiende el trabajo realizado con jóvenes vulnerables.
La entidad sostiene que mantiene una relación abierta con la localidad de Aspe y que sus instalaciones han acogido a vecinos, estudiantes y profesores, además de colaborar con organizaciones locales. También sostiene que las informaciones difundidas no reflejan adecuadamente el trabajo realizado por sus profesionales.
Según la investigación neerlandesa, algunos organismos de protección de menores retiraron a jóvenes del centro después de conocer las denuncias. Aun así, otras organizaciones continuaron realizando derivaciones durante un tiempo.
El caso también afecta a los traslados desde Países Bajos
La polémica no se limita a las condiciones del centro. La investigación neerlandesa también puso el foco en los procedimientos utilizados para trasladar a menores desde Países Bajos a España.
Desde 2022, los traslados transfronterizos de menores dentro de la Unión Europea requieren el consentimiento previo de las autoridades del país de destino en determinados supuestos. Una investigación neerlandesa señaló que algunas organizaciones realizaron derivaciones a Huize Soria sin contar con esa autorización.
La Inspección de Sanidad y Juventud de Países Bajos (IGJ) había recibido información sobre las denuncias, aunque no tiene competencias para inspeccionar directamente centros situados fuera del país. Según la investigación de Nieuwsuur, su último contacto con las autoridades españolas sobre Huize Soria se remontaba a 2016.
La actuación de la Generalitat abre ahora una nueva fase administrativa sobre la situación del centro en Aspe, mientras continúan examinándose las denuncias sobre las condiciones en las que permanecieron algunos de los menores.
