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Castigos, intimidación y jornadas de seis horas: la Generalitat cierra el polémico centro de menores de Aspe

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La Generalitat Valenciana ha ordenado el cese de la actividad de Huize Soria, un centro situado en el entorno rural de Aspe (Alicante) que durante alrededor de dos décadas ha acogido a menores neerlandeses con problemas de conducta. La decisión se produce después de una investigación sobre los métodos utilizados con los adolescentes y tras constatar que la instalación no disponía de la autorización administrativa necesaria para funcionar como centro de servicios sociales.

El centro se encuentra en el foco de la polémica después de que una investigación de la televisión pública neerlandesa y posteriores informes recogieran denuncias sobre supuestos castigos, restricciones y medidas consideradas coercitivas contra algunos de los menores. Entre las prácticas denunciadas figuran la reducción de comida como castigo, inmovilizaciones físicas y jornadas de actividades de hasta seis horas.

Denuncias de castigos y jornadas de trabajo

Las primeras denuncias conocidas se remontan al menos a 2021, cuando cinco jóvenes acudieron al Defensor del Menor de Ámsterdam para explicar las condiciones que, según sus testimonios, habían vivido durante su estancia en Huize Soria.

Posteriormente se encargó una investigación independiente a petición de organizaciones asistenciales neerlandesas. Sus conclusiones describieron una “cultura represiva” en el centro y cuestionaron algunas de las medidas restrictivas aplicadas a los jóvenes.

Entre las prácticas denunciadas aparecen la reducción de la cantidad de comida, obligar a algunos jóvenes a permanecer sentados sobre un poste y actuaciones físicas para inmovilizarlos. También se han denunciado restricciones para mantener conversaciones privadas con familiares o tutores y el uso intimidatorio de un perro de seguridad.

Los jóvenes también describieron jornadas de hasta seis horas realizando tareas como retirar malas hierbas, cavar zanjas, plantar árboles o cepillar caballos. El centro defendía estas actividades como parte de su programa basado en el trabajo, la disciplina, el contacto con la naturaleza y el cuidado de animales.

La Generalitat detecta que el centro no tenía autorización

La investigación también puso el foco en la situación administrativa de Huize Soria. La Conselleria de Servicios Sociales envió a su servicio de inspección para comprobar qué actividad se desarrollaba en las instalaciones y requirió a los responsables la documentación necesaria para acreditar su funcionamiento.

La Generalitat constató que Huize Soria no constaba como centro autorizado para prestar servicios sociales, según la información publicada sobre la inspección. Ante esta situación, la Administración valenciana ha ordenado el cese de la actividad y contempla las actuaciones administrativas y legales que correspondan si no se cumple la orden.

Un centro con 20 años de actividad en Aspe

Huize Soria llevaba aproximadamente 20 años vinculado a Aspe y por sus instalaciones habrían pasado alrededor de 265 menores neerlandeses.

El proyecto estaba dirigido a adolescentes con problemas de conducta y, en algunos casos, con antecedentes relacionados con adicciones. Las estancias podían prolongarse entre uno y dos años y el programa combinaba disciplina, actividad física, contacto con animales y tareas en el entorno rural.

El centro también había establecido vínculos con colectivos de la localidad. Según la información publicada, la finca había colaborado con asociaciones de personas con diversidad funcional y con alumnos del IES Villa de Aspe, que acudían a las instalaciones para realizar actividades con los menores y los animales.

El Ayuntamiento de Aspe ha señalado que durante las últimas dos décadas no había tenido conocimiento de problemas graves relacionados con el funcionamiento de Huize Soria y que los incidentes que habían trascendido estaban relacionados principalmente con cuestiones disciplinarias o alguna fuga.

Huize Soria rechaza las acusaciones

La dirección de Huize Soria rechaza las acusaciones sobre sus métodos y defiende el trabajo realizado con jóvenes vulnerables.

La entidad sostiene que mantiene una relación abierta con la localidad de Aspe y que sus instalaciones han acogido a vecinos, estudiantes y profesores, además de colaborar con organizaciones locales. También sostiene que las informaciones difundidas no reflejan adecuadamente el trabajo realizado por sus profesionales.

Según la investigación neerlandesa, algunos organismos de protección de menores retiraron a jóvenes del centro después de conocer las denuncias. Aun así, otras organizaciones continuaron realizando derivaciones durante un tiempo.

El caso también afecta a los traslados desde Países Bajos

La polémica no se limita a las condiciones del centro. La investigación neerlandesa también puso el foco en los procedimientos utilizados para trasladar a menores desde Países Bajos a España.

Desde 2022, los traslados transfronterizos de menores dentro de la Unión Europea requieren el consentimiento previo de las autoridades del país de destino en determinados supuestos. Una investigación neerlandesa señaló que algunas organizaciones realizaron derivaciones a Huize Soria sin contar con esa autorización.

La Inspección de Sanidad y Juventud de Países Bajos (IGJ) había recibido información sobre las denuncias, aunque no tiene competencias para inspeccionar directamente centros situados fuera del país. Según la investigación de Nieuwsuur, su último contacto con las autoridades españolas sobre Huize Soria se remontaba a 2016.

La actuación de la Generalitat abre ahora una nueva fase administrativa sobre la situación del centro en Aspe, mientras continúan examinándose las denuncias sobre las condiciones en las que permanecieron algunos de los menores.

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Un cura, detenido en Valencia por presuntas agresiones sexuales a dos hermanos de 15 y 17 años

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Un sacerdote de 40 años fue detenido en Valencia después de que dos hermanos menores de edad, de 15 y 17 años, denunciaran haber sufrido presuntas agresiones sexuales por parte del religioso, al que conocían de una parroquia de la provincia de Valencia.

El caso está siendo investigado por la Policía Nacional y por un juzgado de Valencia, que trata de esclarecer lo ocurrido y determinar si podría haber más víctimas.

Los dos menores conocieron al sacerdote en una parroquia en la que ejercían como monaguillos. Según el relato trasladado a la Policía, los hechos se habrían producido en diferentes momentos.

Los dos hermanos denuncian al mismo sacerdote

Los menores contaron inicialmente a su madre lo que presuntamente había ocurrido durante una comida celebrada en una vivienda de Castellón, en la que coincidieron con el sacerdote.

El religioso, de unos 40 años, se encontraba sustituyendo al párroco titular, que estaba de baja por enfermedad.

Según el testimonio de uno de los hermanos, el sacerdote le habría realizado tocamientos en sus partes íntimas en varias ocasiones, pese a que el menor le habría pedido que parara.

Tras conocer el relato de su hermano, el otro menor decidió contar también a su madre que, según su testimonio, había sufrido presuntos abusos por parte del mismo sacerdote tiempo atrás.

La revelación de ambos hermanos llevó a la familia a poner los hechos en conocimiento de las autoridades.

El sacerdote fue detenido el pasado 6 de mayo

Los hechos que están siendo investigados se remontan, según la información difundida, al pasado mes de mayo.

El Grupo de Menores de la Policía Nacional (Grume) se hizo cargo de las diligencias y el sacerdote fue detenido el 6 de mayo.

Posteriormente, las diligencias policiales fueron remitidas a un juzgado de Valencia, donde continúa la investigación judicial para esclarecer las circunstancias de los hechos denunciados.

Según el relato de los menores, el sacerdote les habría pedido que no contaran lo ocurrido y habría asegurado que se trataba de una broma y que no volvería a repetirse.

La familia teme que pueda haber más víctimas

La madre de los dos menores mantenía una relación de confianza con el párroco de la iglesia. Sin embargo, después de conocer los testimonios de sus hijos, la familia decidió denunciar los hechos ante la posibilidad de que otras personas pudieran haber sufrido situaciones similares.

La investigación permanece abierta y el juzgado deberá determinar ahora las circunstancias de los hechos denunciados.

Por el momento, no se ha informado de la existencia de otras víctimas ni de que se hayan confirmado nuevos casos relacionados con el sacerdote. La investigación policial y judicial trata precisamente de determinar si existen otros posibles afectados.

Investigación abierta en Valencia

El caso continúa bajo investigación después de las diligencias realizadas por el Grupo de Menores de la Policía Nacional. La actuación judicial deberá determinar la existencia o no de responsabilidades penales a partir de las pruebas y testimonios que se incorporen al procedimiento.

Al tratarse de una investigación en curso, los hechos denunciados tienen carácter presunto y será la Justicia la que determine las responsabilidades que correspondan.

 

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