València, 16 ene (OFFICIAL PRESS-EFE).- El Consell ha encargado la elaboración de una auditoría forense del sector público de la Generalitat para clarificar «aspectos de dudosa legalidad» en cuanto a contrataciones, falta de control de recursos, colocación a dedo y pagos sin autorización, y suprimirá seis empresas «fantasma» cuyas funciones están duplicadas.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha comparecido este martes para informar de la situación del sector público y conocer si existen responsabilidades a partir de «un conjunto de alarmas lo suficientemente graves» para realizar una auditoría general y conocer «la verdad».
Mazón ha asegurado que ha habido «mucho ocultismo» y la auditoría exhaustiva revelará si las posibles irregularidades detectadas en la última legislatura del gobierno del Botànic (PSPV-Compromís y Podem) derivan en responsabilidad civil, penal o mercantil, que en su caso se trasladará a los juzgados.
El Gobierno valenciano activa ya esa auditoría general que implicará la elaboración de una auditoría forensic (que revisará pagos y transferencias uno a uno) del sector público instrumental y una auditoría operativa, de las que se espera tener resultados parciales a lo largo de este año y una conclusión a finales del ejercicio 2024.
4.000 contrataciones no autorizadas y 713 millones a dedo
Los informes técnicos de la Sindicatura de Comptes y de la Intervención de la Generalitat han detectado «ineficacia, gasto desmesurado, descontrol y malgasto», aspectos de «dudosa legalidad» que el Gobierno del PP y Vox va a investigar, ha anunciado el president.
Esos informes revelan posibles irregularidades en procedimientos de contratación, falta de control y rigor de los recursos públicos, duplicidades en gastos, retribuciones a directivos, trabajadores colocados «a dedo» y pagos a terceras personas «sin autorización ni control».
Esas alarmas se traducen en que el 92 % del sector público no realiza los procedimientos de contratación conforme marca la ley y en los últimos cuatro años se adjudicaron directamente 254.122 contratos por 713 millones de euros (159 millones en contratos menores y 554 millones de gastos adquiridos sin tramitar expediente de contratación).
«Estamos ante un pozo sin fondo de la contratación a dedo, una barra libre que abrió el Botànic», que se «saltó» parte de las recomendaciones de la Sindicatura de Comptes, organismos oficiales como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y la Oficina Independiente de Supervisión y Contratación.
En personal, ha citado más de 4.000 contrataciones solo en 2021 que no estaban autorizadas por la Dirección General de Presupuestos, y ha denunciado como ejemplo que, a las puertas de las elecciones del 28M, la empresa SGISE «trató de colar 1.800 nuevos empleos».
La plantilla del sector público aumentó un 35 % y el gasto en personal se disparó un 47 %, lo que supone pasar de 400 millones de coste en nóminas en 2015 a casi 600 millones en el último año de gestión íntegra del gobierno anterior, en muchos casos sin autorización, según ha detallado.
Mazón se ha referido también a la tesorería para asegurar que en 22 de las 48 entidades sujetas a verificación se ha detectado riesgo alto en el área de controles de pagos, al haber pagos sin autorización de la persona correspondiente o pagos a cuentas bancarias no identificadas debidamente.
Seis empresas con funciones duplicadas
Ha anunciado la supresión de seis empresas «fantasma» mediante un proyecto de ley en Les Corts, que tienen atribuidas funciones que ya están prestando direcciones generales de la Generalitat o la empresa Vaersa, por lo que la prestación del servicio público está «totalmente garantizada».
Estas son la Agencia Valenciana de la Energía, la Agencia para la Digitalización y Ciberseguridad, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), la Agencia de Cambio Climático y la Agencia de Residuos y Economía Circular, así como la Escuela Valenciana de Administración Pública.
Las seis empresas no suponen gasto público alguno puesto que se crearon por el Botànic en la última fase de la pasada legislatura pero no llegaron a desarrollarse, y su cierre supone «cortar la puerta que se dejaron preparada» y avanzar en la optimización de los recursos públicos, según el president.
«Malgastar dinero público se ha acabado, y vamos a contar toda la verdad a los ciudadanos», ha manifestado Mazón, que no descarta eliminar más empresas públicas, acometer reformas o reorganizaciones.
El personal adscrito no político a estas empresas -un número muy reducido- se incorporará a la Dirección General correspondiente.
