Tras la investidura fallida de Pedro Sánchez se abre un período de dos meses de negociaciones para plantear nuevas propuestas. De no haberse concretado ninguna el 23 de septiembre, la presidenta del Congreso someterá a la firma del Rey el Decreto de disolución de ambas Cámaras, convocará nuevas elecciones y lo comunicará al presidente del Senado, según conste en el art. 99.5 CE y 172.2 de la Constitución.
Llegar a este punto, que se celebrarían el 10 de noviembre de 2019, supondrá un gasto alto para las arcas de España. es que el desembolso podría estar entre los 130 y 170 millones de euros destinados, en gran parte, a preparar urnas, papeletas y colegios electorales, así como a las subvenciones que reciben cada partido por cada voto y escaño conseguido
