El pacto incluye mejoras laborales, eliminación de la tasa de reposición y revisiones en complementos de residencia e insularidad. CCOO aún no ha decidido si lo apoyará.
El Ministerio de Función Pública ha alcanzado este miércoles un preacuerdo histórico con los sindicatos UGT y CSIF para incrementar el salario de los empleados públicos un 11% en los próximos tres años. La propuesta, que aún debe ser valorada por CCOO, contempla una subida del 4,5% entre 2025 y 2026 y un 6,5% adicional entre 2027 y 2028.
✔ Subida salarial desde 2025 con efectos retroactivos
El pacto fija para 2025 una subida del 2,5%, que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero y será abonada en la nómina de diciembre.
En 2026 el incremento será del 1,5% fijo, con un 0,5% adicional si la inflación iguala o supera ese porcentaje. Ese tramo variable se cobraría en el primer trimestre de 2027, también con retroactividad.
Aunque la suma total es del 11%, los sindicatos calculan que el efecto arrastre podría elevar la mejora hasta el 11,5%.
✔ Eliminación de la tasa de reposición y mejoras laborales
El acuerdo no solo incluye incrementos salariales. También recoge importantes cambios estructurales:
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Eliminación de la tasa de reposición, lo que permitirá reforzar plantillas en los ámbitos más tensionados.
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Procesos selectivos más ágiles, con un plazo máximo de un año para su resolución.
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Refuerzo de plantillas en servicios de atención al público.
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Revisión y aumento en 2026 de los complementos de residencia e insularidad.
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Mejoras en permisos, conciliación y salud laboral.
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Avances en jubilación y refuerzo del Mutualismo Administrativo (Muface, Mugeju e Isfas).
“Es un acuerdo que termina con la tasa de reposición y garantiza que las ofertas públicas se ejecuten en un año”, señaló Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos.
✔ CCOO mantiene su decisión en suspenso
Aunque UGT y CSIF han dado su visto bueno, CCOO todavía está analizando el texto. El Ministerio confía en que finalmente se incorpore al pacto, que se prevé suscribir este jueves con o sin su apoyo.
El departamento dirigido por Óscar López ha destacado que el acuerdo supone “un gran avance para los servidores públicos y garantiza su poder adquisitivo hasta 2028”.
Por su parte, CSIF, que ha respaldado el pacto, lo considera “el mejor posible en las actuales circunstancias políticas”, marcadas por la inestabilidad y las limitaciones presupuestarias.
UGT, por su parte, celebra que “gana la calidad de lo público, gana la ciudadanía y gana el país”.
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