El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Compromís contra el decreto que regula el proceso de admisión en los centros educativos valencianos para el próximo curso.
Así lo recoge una resolución de la sección cuarta de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV, a la que ha tenido acceso EFE, que da nueve días a los interesados en el expediente administrativo para que puedan personarse, y contra la que cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días.
Compromís presentó el pasado 7 mayo un recurso contencioso-administrativo contra el citado decreto, que entre otras cuestiones establece el distrito único en la solicitud de plaza, y solicitó como media cautelar la suspensión del mismo.
Para la coalición, el decreto «fomenta un distrito segregador, guetos educativos y que los centros elijan el alumnado y no al revés, con un punto discrecional».
El diputado de Compromís Gerard Fullana ha celebrado esta decisión judicial y ha destacado que la coalición ya advirtió de que este decreto «crearía situaciones racistas», que «finalmente se han creado», tal y como «han denunciado los padres y madres».
En declaraciones a los periodistas en Les Corts, donde este lunes se debaten las enmiendas al proyecto de ley educativa de PP y Vox, Fullana ha señalado que hay centros que están usando el punto extra «para elegir el alumnado», según el nacimiento o si realizan trabajos en la parroquia, o para evitar a familias que estén en paro.
La Confederació de AMPAS Gonzalo Anaya presentó la semana pasada una queja al Síndic de Greuges por considerar que en la concesión del punto a «la circunstancia específica» que otorgan los centros educativos en el proceso de admisión de alumnado hay «discriminaciones por razón de nacimiento, origen, procedencia o religión», entre otras.
Por su parte, la diputada del PP Beatriz Gascó ha defendido que la ley que se tramita en Les Corts va a ser jurídicamente «impecable», y ha considerado que es «de justicia social» que todas las familias, independientemente del barrio donde vivan, «puedan ir al colegio que escojan».
«Tienen todo el derecho a recurrirlo, pero ya veremos cómo termina», ha manifestado Gascó, quien ha lamentado que se quiera quitar «derechos a los valencianos de poder ir y escolarizarse en el centro que desean, independientemente de su condición económica».
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