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Valencia

El TSJCV admite a trámite el recurso de los hosteleros contra su cierre en la Comunitat

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València, 13 feb (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso de la plataforma SOS Hostelería contra el cierre de sus establecimientos ordenado por la Generalitat como medida restrictiva para frenar la pandemia.

Fuentes del TSJCV han explicado a EFE que se admite el recuro como una decisión de trámite para poder estudiarlo y a lo largo de la semana podría pronunciarse sobre el fondo y las medidas que reclaman aunque de momento no ha emitido ninguna resolución.

Los hosteleros valencianos han mostrado su satisfacción después de que la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV haya admitido a trámite su recurso y confían en que el tribunal valenciano siga los pasos de su homólogo en el País Vasco y acepte la reapertura inmediata de sus establecimientos.

SOS Hostelería presentó un recurso contra la resolución de 19 de enero de 2021, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública «por la que se establecen medidas excepcionales y adicionales en el ámbito de la Comunitat Valenciana como consecuencia del agravamiento de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19».

Para el presidente de SOS Hostelería, Fidel Molina, la resolución de la Generalitat «es contraria a Derecho y gravemente lesiva para los intereses del colectivo de hosteleros y restauradores».

A su juicio, la admisión a trámite de su recurso supone «un balón de oxígeno para los hosteleros ya que existen muchas posibilidades de que el TSJCV acabe decretando la medida cautelar de reapertura del sector, como así ha sucedido en el País Vasco».

Esa medida cautelar «es fundamental para evitar graves y perjudiciales consecuencias», según Molina, para quien la Conselleria de Sanidad «no ha explicado los motivos que le llevan a cerrar determinados tipos de establecimientos y a suspender ciertas actividades y otras no».

Tampoco ha explicado, ha añadido, «por qué el empeoramiento de la pandemia justifica el cierre de establecimientos y la suspensión de ciertas actividades mientras mantiene abiertas otras actividades no esenciales».

Para Fidel Molina, la disposición impugnada «afecta directamente no sólo a derechos fundamentales de los afectados, sino también a intereses públicos especialmente intensos, afectando de forma terrible a los principios de libertad de empresa, igualdad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos».

Los hosteleros valencianos consideran que el cierre de la actividad de la hostelería en los términos descritos en el apartado 1 b.). de la Resolución «carece de justificación, no siendo ni proporcional, ni idónea ni motivada dicha drástica medida, no superando por lo tanto el test o juicio de proporcionalidad».

Ha opinado que de los informes técnicos de la situación sanitaria se desprende que el origen del incremento en los contagios en las últimas semanas deriva principalmente de contagios producidos en el ámbito social o familiar en reuniones como las llevadas en las fiestas navideñas, que se produjeron en domicilios particulares.

«Ni la causa del actual repunte ni la solución al mismo pasa por cerrar el sector de la hostelería en nuestra Comunidad. Máxime teniendo en cuenta las estrictas medidas de higiene y seguridad con las que cumplían dicho sector con anterioridad a acordarse el cierre de la actividad del mismo», ha señalado Molina.

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Valencia

Multan con 25.000 euros a una empresa de Valencia por obligar a sus trabajadoras a llevar cofia

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18 empleadas suspendidas de empleo y sueldo por negarse a llevar cofia
Una empleada con el 'tocado' que las trabajadoras se negaron a poner, en una imagen facilitada por la empresa a EFE.

El TSJCV confirma que imponer una diadema ornamental exclusivamente a las mujeres constituye discriminación por razón de sexo. La compañía llegó a sancionar a 18 empleadas que se negaron a utilizarla durante tres eventos de gala.

Una empresa de cáterin de Valencia tendrá que pagar una multa de 25.000 euros por obligar a sus trabajadoras a llevar una cofia o diadema como complemento del uniforme. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado la sanción al considerar que esta exigencia, impuesta exclusivamente al personal femenino y sin una justificación objetiva, constituye una discriminación directa por razón de sexo.

La Sala de lo Social del alto tribunal autonómico ha rechazado el recurso presentado por la mercantil y ha ratificado la resolución judicial que ya había avalado la sanción administrativa. Los magistrados consideran que la prenda se exigía a las mujeres por motivos meramente estéticos o de imagen, sin que existiera una obligación equivalente para los trabajadores hombres.

La sentencia, dictada el pasado 22 de septiembre, respalda así el criterio de la Inspección de Trabajo y de la Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral de la Generalitat.

La empresa sancionó a 18 trabajadoras por no llevar la diadema

Los hechos se remontan a julio de 2022, cuando la empresa impuso a sus empleadas una prenda ornamental adicional a la uniformidad obligatoria. La exigencia afectaba únicamente al personal femenino y no respondía, según las resoluciones judiciales, a ninguna necesidad objetiva relacionada con el desempeño del trabajo.

Uno de los elementos que tuvo especialmente en cuenta el Juzgado de lo Social número 13 de Valencia fue que la compañía llegó a sancionar a 18 trabajadoras por negarse a utilizar la diadema durante tres eventos de gala.

La empresa dejó posteriormente sin efecto esas sanciones y comunicó al comité de empresa que, por el momento, se abandonaría el uso de la prenda. Sin embargo, esta rectificación se produjo después de que la mercantil hubiera sido citada para comparecer ante la Inspección de Trabajo.

En enero de 2023, la Inspección levantó un acta de infracción al apreciar una falta muy grave por discriminación directa por razón de sexo. La Administración autonómica confirmó posteriormente la infracción e impuso una multa de 25.000 euros.

La compañía recurrió la resolución administrativa ante los tribunales, pero el Juzgado de lo Social número 13 de Valencia desestimó su demanda en mayo del pasado año y mantuvo la sanción.

El TSJCV confirma que la exigencia era discriminatoria

La empresa volvió a recurrir la sentencia, esta vez ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El tribunal ha rechazado ahora sus argumentos y considera acreditado que la imposición de la cofia afectaba exclusivamente a las mujeres y carecía de una causa objetiva que la justificara.

Los magistrados subrayan que no existía una prenda equivalente para los hombres en condiciones comparables y que la diferencia de trato no respondía a una finalidad legítima, necesaria y proporcionada.

La resolución recuerda la doctrina del Tribunal Supremo sobre los uniformes diferenciados por sexo: imponer una indumentaria femenina específica, sin una alternativa equivalente y sin justificación objetiva, puede vulnerar el principio de igualdad.

El tribunal también descarta que la ausencia de una intención discriminatoria por parte de la empresa sea suficiente para evitar la sanción. Lo determinante, según recoge la sentencia, es que existió una diferencia de trato directa por razón de sexo.

Una infracción muy grave por discriminación laboral

La conducta empresarial fue encuadrada en el artículo 8.12 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que considera infracción muy grave las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de sexo, entre otros motivos protegidos.

La sanción económica de 25.000 euros queda así confirmada por el TSJCV, aunque contra la sentencia todavía cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo para la unificación de doctrina.

El fallo vuelve a poner el foco en las normas de vestimenta en el entorno laboral y en los límites que tienen las empresas a la hora de establecer uniformes o complementos distintos para hombres y mujeres. La imagen corporativa no puede justificar por sí sola una exigencia que suponga un trato desigual por razón de sexo.

 

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