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La UCO cree que el PSOE pagó las defensas de Ábalos y su exasesor al inicio del ‘caso Koldo’: «El partido va a pagar»

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El exministro José Luis Ábalos (i) y su exasesor Koldo García (d) en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo- Pool

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene en un informe remitido a la Audiencia Nacional que el PSOE pudo haber financiado las defensas jurídicas del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García durante las primeras fases del conocido como caso Koldo. Según los investigadores, la exmilitante socialista Leire Díez habría desempeñado un papel clave en la coordinación de la estrategia legal de ambos.

La UCO sitúa a Leire Díez en el centro de la estrategia jurídica

El informe, incorporado al sumario judicial, recoge diversas conversaciones intervenidas por los investigadores en las que Leire Díez aparece gestionando asuntos relacionados con la defensa de los principales implicados en la trama.

De acuerdo con la documentación analizada por la Guardia Civil, Díez habría mantenido contactos con abogados y dirigentes socialistas para coordinar la respuesta jurídica ante el avance de las investigaciones. Entre los mensajes destacados figura una conversación en la que la exmilitante socialista asegura que «el partido lo va a pagar» en referencia a la defensa legal de Koldo García.

Los agentes consideran que estas comunicaciones apuntan a que el PSOE pudo asumir el coste de algunos servicios jurídicos a través de terceros, aunque será la investigación judicial la que determine finalmente si existió dicha financiación y bajo qué circunstancias.

Sospechas sobre el pago de los abogados de Ábalos y Koldo

La UCO también señala que Leire Díez habría participado en la gestión del pago de los honorarios de algunos de los primeros abogados que defendieron a José Luis Ábalos y Koldo García cuando comenzaron las investigaciones.

Según los investigadores, los mensajes intercambiados reflejan una estrecha coordinación entre la exmilitante socialista, diversos letrados y dirigentes vinculados al partido para definir la estrategia procesal que debía seguirse en el marco del caso Koldo.

Las pesquisas apuntan especialmente a los contactos mantenidos con el abogado Ismael Oliver, quien asumió la defensa de Koldo García en los primeros compases de la investigación.

La salida de Aldama aumentó la preocupación interna

Entre los mensajes recogidos por la Guardia Civil también figuran conversaciones relacionadas con la puesta en libertad de Víctor de Aldama, considerado uno de los principales investigados en la trama.

La salida de prisión del empresario habría generado inquietud entre algunos de los implicados debido a las declaraciones públicas realizadas por Aldama, quien aseguró que disponía de pruebas sobre diferentes aspectos del caso.

Los investigadores interpretan que esta situación impulsó nuevos movimientos para reforzar la coordinación de las defensas y definir una estrategia común ante la evolución de las investigaciones judiciales.

La UCO apunta al conocimiento de Pedro Sánchez

Uno de los aspectos más sensibles del informe es la referencia a varios mensajes que, según la Guardia Civil, podrían sugerir que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía conocimiento de algunas de las actividades desarrolladas por Leire Díez.

No obstante, el informe se limita a reflejar el contenido de las comunicaciones intervenidas y no establece responsabilidades penales ni conclusiones definitivas sobre el grado de conocimiento o participación de los dirigentes mencionados.

La investigación sigue abierta en la Audiencia Nacional

Las conclusiones recogidas por la UCO forman parte de una investigación judicial todavía en curso. El juez instructor continúa analizando la documentación incorporada al procedimiento para esclarecer si existió una estructura organizada destinada a influir en procesos judiciales relacionados con dirigentes o exdirigentes socialistas.

Mientras tanto, el caso continúa generando un intenso debate político debido a la relevancia de las personas implicadas y a las posibles consecuencias que puedan derivarse de las pesquisas desarrolladas por la Guardia Civil y la Audiencia Nacional.

La investigación deberá determinar ahora si los indicios recogidos en los mensajes y conversaciones analizadas tienen relevancia penal y si existió financiación directa o indirecta de las defensas jurídicas por parte del partido.

 

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