El exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, ha optado por acogerse a su derecho a no declarar ante el Tribunal Supremo, después de que el magistrado Leopoldo Puente rechazara su último intento de aplazar la comparecencia judicial prevista para este lunes.
La citación responde al avance de la investigación impulsada por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que vincula a Koldo García con una presunta trama de amaño de contratos de obra pública, en la que también figuran el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
La estrategia de la defensa: dilación fallida
Koldo García, imputado por delitos relacionados con corrupción y tráfico de influencias, había solicitado aplazar su comparecencia alegando falta de preparación de su defensa tras la reciente incorporación del informe de la UCO al sumario. Sin embargo, el juez instructor desestimó la petición, considerando que existía tiempo suficiente para revisar el material aportado.
Frente a esta negativa, el exasesor ha decidido guardar silencio durante su comparecencia ante el alto tribunal, estrategia habitual en causas complejas o de alto perfil político, donde una declaración precipitada podría comprometer futuras líneas de defensa.
Contexto de la investigación: presunta red de amaño de contratos públicos
El caso se centra en una supuesta red de adjudicaciones irregulares dentro del Ministerio de Transportes durante la etapa en que José Luis Ábalos ocupaba la cartera. Según el informe de la Guardia Civil, existirían indicios suficientes para pensar que se manipularon procesos de contratación pública a cambio de beneficios personales o empresariales.
La figura de Koldo García, estrechamente ligada a Ábalos, se considera clave en la articulación de estos supuestos amaños, actuando como intermediario entre empresas adjudicatarias y altos cargos públicos. El nombre de Santos Cerdán también aparece mencionado como parte de la estructura política que, presuntamente, facilitó o encubrió las operaciones investigadas.
Repercusiones políticas
La comparecencia frustrada de Koldo García llega en un momento de fuerte tensión política, ya que el caso amenaza con salpicar directamente a figuras relevantes del PSOE y del anterior Gobierno. Desde la oposición, ya se han solicitado explicaciones públicas y la creación de una comisión parlamentaria de investigación.
Por su parte, el PSOE ha optado por mantener una posición de cautela institucional, a la espera de los avances judiciales. Fuentes del partido han evitado hacer declaraciones directas sobre el fondo del caso, pero insisten en respetar el proceso judicial y el principio de presunción de inocencia.
Próximos pasos en la causa
La investigación judicial sigue su curso. El Tribunal Supremo deberá decidir en las próximas semanas si amplía las imputaciones o si convoca nuevas comparecencias a partir de los datos aportados por la UCO. La causa, que involucra a varios actores del entorno político y administrativo, podría derivar en un macroproceso por corrupción si se confirman las sospechas iniciales.
En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción continúa recopilando pruebas y testimonios, mientras se analiza la legalidad de las adjudicaciones bajo sospecha y el flujo de fondos relacionado con los contratos públicos en cuestión.
Koldo García facilitó contratos públicos al empresario José Ruz en el Puerto de València y el baipás, según la UCO
El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incorporado a la causa del Tribunal Supremo que investiga el denominado caso Koldo, revela que Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, actuó como mediador para favorecer al empresario valenciano José Ruz en la obtención de contratos públicos.
Según el contenido del informe, García intervino para que Ruz, propietario de la empresa Levantina Ingeniería y Construcción, accediera a adjudicaciones relevantes en el Puerto de València y en las obras del baipás, una infraestructura estratégica en la red de comunicaciones de la Comunitat Valenciana.
Contratos públicos bajo sospecha
Las conversaciones interceptadas entre García y Ruz, así como la documentación incautada en el registro efectuado en la sede de la empresa en Alberic, apuntan a que el empresario logró beneficiarse de su relación con el entorno del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos.
Levantina Ingeniería y Construcción, propiedad de José Ruz, habría obtenido más de 100 millones de euros en contratos públicos en los últimos años, muchos de ellos en el ámbito de infraestructuras de transporte. Los investigadores vinculan estas adjudicaciones con la supuesta intermediación de Koldo García, quien también habría intervenido en procesos relacionados con Adif, Aena y el Ministerio de Defensa.
Relación privilegiada con el poder político
El informe judicial describe una relación fluida entre Koldo García y José Ruz, basada en una interlocución directa que permitió al contratista conocer detalles de adjudicaciones antes de su publicación oficial. Esta conexión habría sido clave para el éxito de Ruz en diversas licitaciones.
La Guardia Civil investiga si esta mediación implicó pagos encubiertos o contraprestaciones no declaradas. Algunos testimonios recogidos apuntan a que el empresario valenciano reconoció haber realizado “favores” al entorno del exministro, sin concretar públicamente la naturaleza de dichos beneficios.
Contexto del caso Koldo
Estas nuevas revelaciones se suman a una trama más amplia que involucra a figuras políticas del PSOE en la gestión irregular de contratos públicos. Tanto Koldo García como José Luis Ábalos están siendo investigados por su posible implicación en delitos de tráfico de influencias, cohecho y malversación de fondos públicos.
El caso ha adquirido una dimensión nacional, con derivadas que afectan a varias instituciones públicas y empresas contratistas. La citación de Ábalos y García está prevista para finales de junio, mientras que nuevas diligencias continúan abiertas.
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