València, 28 abr (EFE).- La acusación popular en el triple crimen de Alcàsser ha insistido en su petición al instructor del caso para que se identifiquen con pruebas de ADN los restos de las víctimas con el fin de estrechar la acusación sobre Antonio Anglés, en caso de que siga vivo, y «poner fin a teorías absurdas» y conspiranoias.
Esta petición de la Asociación Laxshmi para la Lucha contra el Crimen y la Prevención fue denegada por el juez de Alzira en primera instancia -con el apoyo de la Fiscalía, que no consideró necesarias estas nuevas pruebas y de la Asociación Clara Campoamor y el silencio de las dos familias de las víctimas que todavía están personadas-, y recurrida ante el mismo juzgado.
En caso de mantener su postura, esta acusación ya ha anunciado que recurrirá a la Audiencia Provincial de Valencia.
COMPROBACIONES PROPIAS DE LOS AÑOS 90
El perito judicial y presidente de esta asociación, Félix Ríos, recuerda que, en el momento del hallazgo, los cuerpos de Miriam, Toñi y Desirée fueron identificados únicamente por su antropometría y por los efectos personales hallados.
Esta acusación sostiene que no tiene duda alguna de que los restos hallados pertenezcan a las niñas, pero advierte sobre la posibilidad de que, en caso de ser hallado con vida y puesto a disposición de los tribunales, Antonio Anglés pudiese «eludir la acción de la Justicia por una cuestión de forma».
«Desde el comienzo de nuestro trabajo de revisión del caso, se nos ha intentado encasillar en toda clase de posturas: oficialistas, conspiranoicos, alternativos… Es difícil hacer frente a un caso tan complejo como este, teniendo que bregar además constantemente con quienes quieren interpretar a su criterio lo que hacemos y por qué, intentando constantemente enfrentar a las partes que estamos personadas en el caso», señala Ríos.
«Desgraciadamente una de nuestras últimas peticiones no se ha librado de la tergiversación, por lo que a pesar de que hemos hecho las alegaciones oportunas en el juzgado, se hace necesario manifestarlo también públicamente -añade-. En los años 90 se identificó con técnicas secundarias a las tres víctimas de este horrendo crimen, concretamente mediante antropometría y efectos personales (medidas de huesos y ropas)».
Según este especialista, «esta identificación a fecha de hoy sería la última en aplicarse, toda vez que los protocolos forenses y policiales actuales exigen la identificación por ADN, que es indiscutible. Además, existen algunos huesos encontrados en la fosa al día siguiente del hallazgo de los cuerpos, que en su momento algunos forenses no supieron identificar con claridad debido a que la antropología forense estaba en ciernes en aquella época».
Ríos insiste en que no comparte ningún tipo de teoría alternativa y sostiene que «se trata de las tres víctimas sin más, pero este convencimiento debe cimentarse con pruebas forenses rápidas, sencillas y nada costosas», como las que han solicitado.
MÁS PRUEBAS A LA VISTA
Existen, remarca, «restos óseos en los laboratorios y sería sencillo dejar estas incógnitas claras, si no queremos que llegado el momento de detener a algún responsable pudiera escaparse por un tecnicismo legal y/o forense».
Finalmente, el criminólogo adelanta: «Estamos a punto de entregar nuestros dos últimos informes de revisión del caso, y tenemos fe en que el buen hacer de la policía, los laboratorios y el juzgado, va a seguir aportando luz y solidez a los objetivos que persigue el sumario B. Durante la próxima semana y las siguientes vamos a ir conociendo las primeras novedades importantes en este caso tras casi 30 años».
Esta misma acusación ha informado de que los catedráticos Victoria Lareu y Ángel Carracedo, de la Universidad de Santiago de Compostela, han confirmado que tienen en depósito los pelos que quedaron fuera de la muestra en los 90, y que están a disposición del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para su análisis.
Se trata de vellos púbicos encontrados entre la ropa y los cuerpos de las víctimas que quedaron fuera de la muestra que se analizó antes del juicio y que dio como resultado al menos cinco perfiles genéticos distintos, ninguno de ellos de Miguel Ricart.
«De cualquier modo, nunca fueron cotejados con las propias víctimas», señala Ríos.
En los últimos meses esta acusación ha promovido la búsqueda de nuevas evidencias en los vehículos de Ricart y Antonio Anglés y el análisis con técnicas modernas de otros vestigios que se conservaban como fruto de la investigación policial.
LOS ANTECEDENTES DE UN CASO HISTÓRICO
El pasado 27 de enero se cumplieron 29 años del hallazgo de los cadáveres de Miriam, Toñi y Desirée, las tres chicas de entre 14 y 15 años que habían desaparecido más de dos meses antes. Fueron dos apicultores quienes los hallaron semienterrados en un paraje cercano al pantano de Tous denominado La Romana.
La sentencia dictada en septiembre de 1997 por la Audiencia de Valencia, y confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo, dictó que «Miguel Ricart, en compañía de otro varón identificado y que no se encuentra a disposición del Tribunal -en referencia a Antonio Anglés-, y posiblemente de alguna otra persona más», secuestraron a las tres adolescentes para satisfacer sus deseos sexuales.
Las víctimas fueron sometidas a violaciones y torturas extremas y al amanecer del día siguiente fueron ejecutadas y enterradas en una fosa que sus asesinos conocían, pues les había servido con anterioridad para ocultar una moto robada.
La investigación judicial sobre lo sucedido, de la que es responsable un juzgado de Alzira, está completamente agotada, aunque queda abierta una pieza dedicada exclusivamente a la localización de Anglés, uno de los prófugos más perseguidos de toda Europa.
Jordi Ferrer
